La magistrada ha pronunciado estas palabras durante la gala de entrega de los Premios Fundación Legálitas 2026, celebrada en Madrid, donde el CGPJ ha recogido el galardón a la «Mejor Iniciativa de Divulgación Jurídica».
Perelló ha aprovechado el acto para hacer balance de un mandato que cumplirá dos años en breve. Lo ha calificado de positivo, «fruto del consenso y de la discreción institucional que caracterizan nuestra labor», y ha citado los 197 nombramientos discrecionales efectuados hasta la fecha, de los que más del 40% han recaído en mujeres. Con ellos, ha explicado, se ha completado la composición del Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales, superando así «la situación de bloqueo de los años anteriores, que han tenido graves consecuencias para el funcionamiento de la justicia».
La magistrada ha insistido en que la independencia de jueces y magistrados debe permanecer «inmutable» y ha calificado el Estado de Derecho consagrado en el artículo primero de la Constitución como «el presupuesto básico para la convivencia democrática».
«El intento de injerencia de la independencia judicial, venga de donde venga, supone una amenaza para el Estado de Derecho», ha señalado, citando además un informe de la Comisión Europea.
Perelló ha matizado que la crítica respetuosa a las resoluciones judiciales es legítima y «puede y debe» producirse cuando es «constructiva y respetuosa», pero ha marcado un límite: cuando esa crítica pretende cuestionar la honestidad de los jueces o insinuar «intereses ocultos», resulta inadmisible, recordando que el propio sistema procesal ya cuenta con mecanismos para revisar cualquier resolución con imparcialidad.
El debate sobre la legitimidad de las críticas a la judicatura no es nuevo en España. El propio CGPJ atravesó, según ha recordado Perelló, «años de bloqueo» en los nombramientos de altos cargos judiciales, un periodo que se prolongó antes de la renovación del órgano y que, según la presidenta, tuvo «graves consecuencias para el funcionamiento de la justicia». Frente a ese antecedente, el mandato actual reivindica el consenso como método de trabajo, una senda que Perelló ha calificado de acrisolada tras casi dos años de ejercicio discreto y sin sobresaltos institucionales.
