En el documento, se expone cómo la UCO no atendió la orden de la juez titular de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Zamora, que archivó la causa y posteriormente fue ascendida a la Audiencia Provincial de León.
El caso afecta al posible desvío de unos 500 millones de euros de subvención de fondos europeos a otros empresarios que, según su denuncia, le arrebataron la propiedad industrial y pudieron quedarse con este dinero,
Después de una larga instrucción, tras la denuncia interpuesta por Vicente Merino ante este juzgado de Zamora el 27 de diciembre de 2021, la titular no pudo conseguir que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pudiera hacerse con el citado expediente que le tenía que haber enviado la Secretaría General de Fondos Europeos, dependiente del Ministerio de Hacienda. Este desinterés, a juicio de Merino, fue lo que pudo provocar que el 24 de marzo de 2025 la jueza decretara el archivo provisional de la causa.
El estallido de la cloaca del PSOE con la posible participación de la fontanera Leire Díez en el intento de frenar las investigaciones contra el Gobierno y el PSOE, con presiones al aparato policial, judicial y mediático, encendió las alarmas de Merino. Su primera actuación fue alertar a la Fiscalía Anticorrupción, el 7 de abril de 2025, casi un año después de celebrarse la reunión en el PSOE, durante los cinco días de reflexión de Sánchez tras su carta a la ciudadanía provocada por la imputación de su mujer, Begoña Gómez. Una reunión en la sede de Ferraz donde se puso en marcha la cloaca.
A medida que el juez Santiago Pedraz ha ido conociendo los informes de la UCO en los que se constataba un presunto delito de cohecho y tráfico de influencias, las sospechas de Merino se han ido confirmando y, el pasado día 3, remitió al magistrado que instruye el caso Leire Díez un escrito exponiéndole las circunstancias que rodean su caso. Así, «denuncia conexiones con los hechos de presunta corrupción de la directora general y el DAO de la Guardia Civil» y adjunta la denuncia realizada el 7 de abril de 2025 ante la Fiscalía Especial Anticorrupción, por una causa de presunta corrupción que se estaba instruyendo en un juzgado de instrucción en Zamora.
El empresario de Zamora asegura que «la jueza instructora solicitó una incautación a la UCO de material probatorio de vital relevancia para la causa (que podría ascender a varios cientos de millones de euros de fondos europeos) y la UCO hizo caso omiso a la orden judicial». Además, «desde la UCO se le dice a la jueza que se lo requiera por email a una funcionaria de la OLAF en Bruselas que ya se había negado a remitir la información previamente, hechos que, entre otros, hicieron a la instructora tomar la decisión de pedir la incautación (llama la atención que la UCO dé el nombre de la funcionaria que justo se había negado previamente a remitir la información)».
Finalmente, «la documental que se remitió al juzgado (procedimiento viciado desde el incumplimiento de la UCO) tenía metadatos de enero de 2025 cuando el expediente solicitado era de 2021», y «la jueza lo dio por válido haciendo caso omiso a las alegaciones y periciales de la acusación particular y cerró el caso, presuntamente en falso (al poco tiempo ha sido ascendida a la Audiencia Provincial de León)».
A juicio de Vicente Merino, «los hechos que han dado lugar a la reciente imputación del DAO de la Guardia Civil, así como la directora general, por la información que es pública, están en sintonía con los expuestos en la documentación adjunta». Es decir, «los hechos cuadran con que este caso de presunta corrupción puede ser uno de los que se han cerrado por afectar, presuntamente, a altos cargos del Gobierno, así como a la consultora Acento, entre otros». Concluye que «no hay otra explicación más razonable para dar sentido al incumplimiento por la UCO de una orden judicial».
