La Sala Tercera del alto tribunal planteó el pasado 30 de junio a las partes la posibilidad de formular ante el TJUE «una cuestión prejudicial interpretativa en relación con una serie de extremos del real decreto que en su caso podrían entrar en conflicto con el derecho de la UE». Al respecto, la Abogacía del Estado se opuso a acudir a la Justicia europea, una opción que sí avalaron la Comunidad Valenciana y Aragón, que son los gobiernos que impugnaron la regularización.
Tras atender las alegaciones, el alto tribunal entiende que no resulta pertinente el planteamiento de dicha cuestión en este momento procesal, una decisión que va acompañada al mismo tiempo de su rechazo a suspender cautelarmente la ejecución del real decreto impugnado, como también habían solicitado la Comunidad Valenciana y Aragón.
