En la resolución facilitada este miércoles a la prensa ha considerado que no ha lugar a aclarar ni rectificar el extremo interesado por la representación procesal de Manuel Fernández de Sousa-Faro con relación a la sentencia, que pretendía una rebaja de la pena hasta los cuatro años y medio. En concreto, el expresidente de Pescanova, debería cumplir una sentencia de cuatro años y seis meses de prisión por delito continuado de falsedad en las cuentas anuales, en relación de concurso medial con un delito, también continuado, de falseamiento de información económico-financiera. Además de un año y seis meses por un delito de alzamiento de bienes.
En su resolución, el Tribunal Supremo ha señalado que no hay lugar a aclarar ni rectificar el extremo interesado por la representación procesal de Manuel Fernández de Sousa-Faro. En el auto que se ha conocido este miércoles, el Tribunal Supremo ha asegurado que no le consta un «error material» respecto a la consideración como continuado del delito de falseamiento en la información económico-financiera. «Al contrario, consideramos que la condena pronunciada en la instancia, y que este Tribunal confirma, lo fue en dicha condición, conforme las acusaciones lo interesaban, por las razones ya entonces explicadas y recordadas, someramente, aquí», han indicado los jueces.
Posible recurso ante el Constitucional
Por su parte, el abogado de Fernández de Sousa, Gonzalo Martínez-Fresneda, ha asegurado a Europa Press, que a partir de ahora se notificará «como es habitual» el ingreso en prisión del exdirectivo, que se producirá «en los próximos días». Algo, ha añadido, que puede producirse «este jueves o viernes» y, por norma general, se dan 10 días para ingresar, «aunque en este caso podrían ser menos debido a que la petición de este aclaratorio ya retrasó la entrada en la cárcel».
Pese a todo, Martínez-Fresneda ha asegurado que recurrirá la resolución del Tribunal Supremo. Sin embargo, el documento no es recurrible, sí ha dicho que se puede presentar un incidente de nulidad y, tras él, acudir al Tribunal Constitucional. «Vamos a estudiarlo. Entendemos que el supremo no tiene razón», ha sentenciado.
