Según ha publicado El País y han confirmado fuentes jurídicas a EFE, el juez de garantías de la Audiencia Nacional, Piña, dio autorización para la intervención, observación, grabación y escucha de todas las conversaciones de Barrabés por parte de la Guardia Civil durante dos meses. Para realizar las escuchas, se abrió una pieza separada, secreta y urgente, oficializada el pasado 18 de marzo y que se mantuvo hasta dos meses después, según señala el citado diario.
Fuentes de la Fiscalía Europea han señalado a EFE que esta medida se pidió para analizar si los múltiples testigos citados en la causa aludían a lo ocurrido con los contratos investigados como resultado de los informes de la UCO y las diligencias practicadas, con la declaración de más de 60 personas, y el juez lo autorizó al considerarla proporcionada.
Esta solicitud estaba fundamentada por los fiscales delegados y no es la primera vez que una medida así, intervenir comunicaciones, se produce pasado un tiempo —en este caso cinco años— respecto al presunto delito cometido, agregan las mismas fuentes.
Como resultado, los investigadores han podido tener acceso a las conversaciones de este empresario, que además de estar investigado por la Fiscalía Europea está imputado en el procedimiento abierto contra Begoña Gómez en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, donde recientemente el juez Juan Carlos Peinado ha abierto una pieza separada contra Barrabés por un tercer contrato obtenido por su empresa.
Estas pesquisas se han producido dentro de la investigación abierta por la Fiscalía Europea, que analiza la adjudicación por parte de Red.es de lotes de dos contratos financiados con fondos europeos por valor de 8,3 millones de euros a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Innova Next, empresa de Barrabés, y The Valley Digital.
La Fiscalía Europea, encargada de investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la Unión Europea, investiga por estos contratos a Barrabés y a un trabajador de Red.es que firmó los informes de valoración de estos contratos y pretende averiguar si las adjudicaciones se adjudicaron de forma fraudulenta.
Además, desde el pasado 19 de junio el juez Juan Carlos Peinado investiga un tercer contrato adjudicado por Red.es a la unión temporal de empresas formada por Innova Next —empresa de Barrabés— y la consultora KPMG, con un presupuesto base de licitación de 4,05 millones de euros.
