Según expresan, «la Ley por el derecho a la vivienda fue aprobada sin debate y sin consenso, como lo demuestra el que hayan sido presentados ocho recursos ante el Tribunal Constitucional, algunos de ellos por los mismos grupos parlamentarios que votaron a favor». Si bien ambas instituciones entienden que, en tiempos de crisis, es lógico y necesario atender las necesidades de las personas vulnerables, consideran que no lo es el cargar esa tarea colectiva sobre las espaldas de los operadores privados.
«Ante la falta de protección e incentivos, estos tienden a abandonar el mercado, lo que reduce la oferta y aumenta los precios. Los que continúan en el mercado, por su parte, tenderán a seleccionar con más cuidado a sus inquilinos. Como resultado, las familias potencialmente vulnerables empiezan a tener muchas dificultades para encontrar vivienda», dicen.
Por ello, entre las posibles medidas para incrementar la oferta de vivienda, tanto de nueva construcción como de segunda mano, Fedea y el CGE han destacado varias. Entre ellas, creen que habría que llevar a cabo una verdadera política de vivienda a largo plazo, que persiga conseguir un cambio estructural del modelo, no simples medidas de carácter coyuntural a corto plazo que no solucionan el problema. Consideran que los poderes públicos deben limitarse a intervenir para fijar unas condiciones básicas de partida que impidan el abuso de posición dominante. Sería necesario recuperar el régimen de libertad contractual establecido en 1985 por el Decreto Boyer en cuanto a los contratos de arrendamiento de vivienda, derogando las limitaciones de plazo y demás condiciones contractuales que hoy restringen ineficientemente la dimensión del mercado y expulsan del mismo a los arrendatarios potenciales más vulnerables. Además, ven que habría que retirar las medidas de control de precios y racionalizar la estructura tributaria que pesa sobre la vivienda, con la finalidad de reducir paulatinamente los gravámenes sobre la construcción de vivienda nueva y todo tipo de transmisiones.
También que se debería restaurar la seguridad jurídica del derecho de propiedad al nivel de los demás países europeos, tanto en lo relativo a limitaciones administrativas para la promoción y construcción como, con carácter urgente, en materias de okupación y desahucio. Esto debería ir acompañado del establecimiento de un sistema de ayudas para alquileres o acceso a una vivienda social para familias vulnerables. Igualmente, convendría retomar el Proyecto de ley del suelo, con objeto de evitar la paralización de los planes urbanísticos. Habría que simplificar y agilizar el urbanismo, acortar drásticamente los plazos para urbanizar y edificar, lo que a su vez abarataría y agilizaría la construcción.
Además, sería necesario que las Administraciones asignaran más recursos a la promoción de vivienda asequible y al incremento del parque público. En España carecemos de un parque significativo de vivienda social pública en régimen de alquiler, que sí tienen otros países. Un gran parque de vivienda de estas características es necesario para facilitar el acceso a la vivienda de una capa importante de la población que difícilmente puede hacerlo en condiciones de mercado. En este mismo sentido, sería conveniente proporcionar incentivos a la iniciativa privada para la promoción de vivienda asequible.
Por último, habría que repensar la regulación de los alquileres turísticos y su fiscalidad. Y habría que estudiar la posibilidad de que cada comunidad autónoma pudiera adoptar reglas diferentes, adaptadas a su idiosincrasia económica y política, de modo que también pudiéramos observar qué regulaciones son las que funcionan mejor.
