Así lo afirmó en su intervención abierta a medios durante la reunión de los grupos parlamentarios del PP, en la que remarcó que “España no puede convertirse en el país donde romper las normas sea más rentable que cumplirlas”, y más cuando el Congreso y Europa se han mostrado en contra, De hecho, llegó a aseverar que esta regularización “va en contra de la mayoría de los españoles” porque son ellos los que tienen “derecho a controlar quién entra” en el país “y en qué condiciones se vive”.
Feijóo, sin embargo, rehusó avanzar medidas jurídicas como ya ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, y Vox. Él, por el contrario, abogó por analizar primero el texto. Este lunes, la dirección nacional del PP ya comunicó que utilizará todos los “instrumentos políticos y judiciales”, aunque sin concretar cuáles. El líder del PP insistió este martes en que España debería apostar por “una política migratoria legal, ordenada y compatible con la legislación europea, que proteja a quienes han llegado a España y, por supuesto, que proteja a los españoles”.
En este sentido, se mostró convencido de que los ciudadanos “sufrirán en sus propias carnes más pronto que tarde” las consecuencias derivadas de esta regularización, que dijo que es “inhumana” porque “alienta a las mafias” al “trasladar el mensaje de que España es un chollo” para ellas “porque pueden hacer su trabajo con éxito, dado que aquí podrá entrar cualquiera.
“Nuestro modelo es otro: antes de cualquier regularización, hay que reformar las vías legales de acceso, reforzar el control de nuestras fronteras, mejorar la tasa de retornos y actuar en origen contra el tráfico de seres humanos contra las redes de tráficos de personas”, explicó. Feijóo argumentó también que es “injusta” porque “perjudica a quien cumple, a quien trabaja, a quien cotiza, a quien aporta y al que ha entrado de forma legal”. El líder del PP defendió que “la regularización no puede ser un premio por el mero paso del tiempo, sino por una integración real”, y eso “se mide en trabajo, en conocimiento del idioma, en integración acreditada y en ausencia fehaciente de antecedentes penales y policiales”.
También sostuvo que es “insegura” porque “no hay control, condiciones y exigencias suficientes” ni “se sabe ni a cuántas personas afecta”, ya que el Gobierno habla de medio millón mientras la Policía eleva la cifra a 1,2 millones de personas. Por último, avisó de que es “insostenible” porque carece de una “memoria económica” y se hace “ sin ningún tipo de previsión de coste” sobre “la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda y las políticas de empleo”, que “van a sufrir una fuerte demanda adicional sin ningún tipo de planificación, sin financiación y sin que nadie haya explicado quién se hace cargo”.
