Diseñar pliegos con especificaciones “de imposible ejecución”, teniendo los datos necesarios para evitarlo, no es un desliz técnico, es una negligencia difícilmente justificable.
Más grave aún es que, una vez detectado el problema, la compañía optara por mantener el contrato en lugar de resolverlo, para después modificarlo de forma cuestionable y encarecerlo. Esta forma de actuar refleja una cultura de gestión más orientada a parchear errores que a asumir responsabilidades y corregirlos a tiempo.
El caso de la línea de Cotos no hace sino reforzar este diagnóstico. De nuevo aparecen los mismos patrones: falta de coordinación, planificación deficiente y decisiones tomadas sin contar con información clave. El resultado es el habitual: retrasos, sobrecostes y servicios que no llegan.
En conjunto, el informe dibuja un problema estructural. No se trata de dos contratos fallidos aislados, sino de una forma de gestionar grandes proyectos con escasa planificación, poca coordinación y un uso laxo de las normas de contratación. Y eso, en una empresa pública, no es solo ineficiencia: es una erosión directa de la confianza en la gestión de los recursos públicos.
