La teniente fiscal del alto tribunal, Sánchez Conde, está ultimando la postura definitiva del Ministerio Público que no es vinculante para que los magistrados decidan si se quedan con la investigación de la Audiencia Nacional porque ven implicación en el líder de Junts que es aforado.
En el informe,la mayoría de fiscales sostiene una tesis distinta a la que Álvaro Redondo (fiscal al que le había caído el asunto en un inicio) tenía, pues él ni veía indicios contra Puigdemont ni veía terrorismo en los disturbios. El documento reza, sin embargo, que “desde el principio Puigdemont estuvo informado de la constitución del grupo organizado animado por fines de subversión del orden constitucional y desestabilización grave de las instituciones democráticas impidiendo a los poderes públicos cumplir sus resoluciones”.
Los 12 fiscales que sostuvieron el terrorismo dicen que ‘Tsunami’ fue un grupo organizado que animado por los fines de desestabilización grave de las instituciones democráticas impidieron a los poderes públicos el cumplimiento de sus fines. Para ellos hubo «delitos graves de detención ilegal de terrorista» por el bloqueo de la entrada y salida del aeropuerto del Prat en Barcelona ya que «quedó acreditado por la imposibilidad de que pudiera acceder al mismo la ambulancia de urgencia desplazada hasta la infraestructura aérea para evacuar el traslado del ciudadano francés que había sufrido un infarto de miocardio, resultando necesario utilizar un helicóptero para acceder a las instalaciones».
Reflejan que se día de octubre de 2019 que se paralizó el aeropuerto «se perturbó el servicio de la aviación civil internacional» y «se impidió el acceso de usuarios y tripulación», «se aisló la torre de control». «Se quiso obligar a permanecer a los controladores aéreos, con la idea de paralización del aeropuerto y la suspensión masiva de vuelos». Dicen los fiscales que se actuó «con perfecta coordinación y llevando sus miembros pasamontañas que cubrían sus rostros, emplearon instrumentos peligrosos y artefactos de similar potencia destructiva». Recuerdan que se produjeron lesiones de especial graviedad a miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
En la reunión 6 de febrero de 2024 se plasmó también que hubo falsificaciones masivas y continuadas de billetes de avión, graves daños patrimoniales continuados y de bienes de dominio o uso público de especial gravedad. El escrito señala que la actuación de la plataforma afectó gravemente a la paz, la convivencia y el orden constitucional y esto, en esencia, es el terrorismo si se dan delitos graves.
Los miembros de la Sala de lo Penal del Supremo destacan que la intención última de ‘Tsunami Democrátic’ era combatir la sentencia del procés que había condenado a los miembros del Gobierno de Cataluña y el presidente de aquel Gobierno era Puigdemont que «estaba y sigue fugado de la Justicia». Por ello creen que desde el principio él «estuvo informado de la constitución del grupo organizado» y que «así lo acredita» un pantallazo enviado por mano derecha Josep Lluís Alay.
El aforado está presente en las reuniones del 30 y del 31 de agosto» en Ginebra que es donde se fragua la plataforma, según el juez instructor. El lanzamiento de la campaña el 2 de septiembre de ese año a través de Twitter recibió el apoyo público del expresidente de la Generalitat. Además, los fiscales acogen con credibilidad las conversaciones entre Puigdemont y un empresario en la que asumen que si hubiera un muerto de cualquier bando sería muy duro. «Esa pluralidad de indicios acredita dominio funcional del hecho, liderazgo absoluto, autoría intelectual y asunción de las riendas de actuar típico», dicen los miembros del Ministerio Público.
Lo mismo que con el diputado de ERC Wagensberg quien también quiso imputar el juez de la Audiencia Nacional y que igualmente es aforado. «Se aprecian indicios suficientes en este momento procesal sobre la participación del mismo en la organización de TD [Tsunami Democrátic] que alcanza a satisfacer la exigencia territorial estatutaria», reflejan.
