El fiscal a cargo del ‘caso Puigdemont’ en el Supremo, Redondo, entregó al jefe de su Sección un informe diferente de la primera versión que había confeccionado, en la que sí apoyaba la tesis del magistrado instructor de Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional, García Castellón, para investigar al líder de Junts por terrorismo.
Una llamada del fiscal general del Estado, García Ortiz, podría estar tras el cambio de criterio de Redondo. Aunque tras revisar la exposición motivada remitida por García Castellón hace algunas semanas a la Sala Segunda del Alto Tribunal, el fiscal encargado de pronunciarse llegó a la conclusión de que los hechos por los que está procesado Puigdemont se corresponden con un delito de terrorismo y que es competencia del TS proceder ya contra el político catalán –por su condición de aforado, como eurodiputado– y así lo comentó con su superior directo, que estuvo de acuerdo. Finalmente, la versión del dictamen que ha presentado para que decida la Junta de Sección de fiscales, este martes, dice lo contrario.
En el borrador que ha trascendido, sin embargo, se dice que no corresponde procesar por terrorismo en el ‘caso Tsunami’ al expresidente catalán, siguiendo la tesis del fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo. Cabe recordar que este último también cambio de criterio en su posición sobre Puigdemont, tras las elecciones generales del pasado 23-J. Tanto él como Redondo sí veían al comienzo de su trabajo, indicios suficientes para proceder por terrorismo para proceder contra el prófugo. La intervención del fiscal general en ambos casos, pendientes de sendos ascensos, provocó un giro radical en el resultado de sus escritos. No en vano, Carballo ingresaba en la AN en 2006, procedente de la Audiencia Provincial de Ciudad Real donde, como ya publicó este diario, ahora aspira a volver como fiscal Jefe. Mientras que Redondo «hace años que quiere ser fiscal de Sala y ahora ha salido a concurso una plaza» de dicha categoría. «Está obsesionado con la idea y es fácil de ilusionar con ella aún sin una certeza clara», apuntan fuentes judiciales.
Así las cosas, en la primera de las versiones, con fecha del pasado 26 de enero, una extensa versión de más de 60 folios, a la que ha tenido acceso El Debate, Redondo aseguraba que «la participación de Puigdemont en las conductas consistentes en realizar actos que afectaron a dichos bienes jurídicos, con la evidente intención de atentar gravemente contra la paz pública y obligar a los poderes públicos, puede considerarse, al menos en este momento procesal, como ilícito penal, y concretamente como delito de terrorismo».
