En su informe publicado este viernes, Fitch destaca que el Gobierno ha avanzado en su agenda de reformas estructurales “con algunos primeros signos de impactos positivos en la economía y en las finanzas públicas”, aunque aún se mantiene una deuda pública elevada, un desempleo estructuralmente alto y una productividad baja que limita el potencial de crecimiento.
El informe señala la buena evolución que en 2022 han tenido los ingresos públicos, lo que en parte atribuye al rebote posterior a la pandemia pero también a la reforma del mercado laboral que ha ayudado a reducir el empleo temporal.
Fitch prevé que el déficit público baje al 4,1 % del PIB en 2023 y al 3,4 % en 2024, 0,2 y 0,4 puntos porcentuales respectivamente por encima de los objetivos comprometidos por el Gobierno. Respecto a la deuda pública proyecta una rebaja al 110,4 % del PIB en 2024, impulsada más por el crecimiento del PIB que por la reducción del déficit fiscal primario.
En un contexto de alta inflación y de condiciones financieras más estrictas, Fitch asegura que el resultado de la doble cita electoral de este año “presenta un grado de incertidumbre para las finanzas públicas, con cierto riesgo de flexibilización fiscal”.
Del despliegue de los fondos europeos señala que España ha recibido el 53 % de la asignación total de 69.500 millones de euros en transferencias directas, pero incide en que el desembolso efectivo de fondos a la economía real ha sido inferior a 37.000 millones.
