Para ello, deberá acercar posiciones entre Junts y Podemos, cuyos desacuerdos han frenado ambas propuestas.
La norma sobre migración, impulsada conjuntamente por PSOE y Junts, fue rechazada en el Congreso por la oposición de PP, Vox y los cuatro diputados de Podemos. Aunque los socialistas pactaron con la formación morada la regularización extraordinaria de hasta medio millón de migrantes para favorecer un acercamiento, persisten las diferencias sobre el contenido del texto y la falta de interlocución entre Junts y Podemos.
El Ejecutivo trabaja para que en septiembre pueda presentarse una propuesta consensuada entre las tres fuerzas. Tanto el Gobierno como Podemos reconocen que han existido contactos desde la caída de la iniciativa, aunque mantienen la discreción sobre las negociaciones.
Vivienda, otro frente pendiente
La misma falta de acuerdo ha retrasado el decreto de vivienda que el Gobierno pretendía aprobar antes del verano. La iniciativa quedó bloqueada por discrepancias con Junts y Podemos, pese a que Sumar y PSOE aseguran tener consensuada su base principal.
Junts reclama medidas más contundentes para controlar los alquileres, combatir la especulación y reforzar la protección de los inquilinos. Podemos, por su parte, exige mayores garantías para los hogares vulnerables y mantiene reservas sobre algunos aspectos de la reforma.
Para lograr apoyos, el Ejecutivo plantea incentivos fiscales en el IRPF para propietarios y nuevas medidas sociales dirigidas a los colectivos más afectados por la crisis de vivienda. Desde el Gobierno destacan que existe voluntad de acuerdo porque todos los grupos reconocen la necesidad de dar respuesta a una emergencia cada vez más preocupante.
Además de su impacto social, estas negociaciones adquieren especial relevancia ante el calendario electoral del próximo año, en el que la vivienda se perfila como uno de los principales asuntos de debate político.
