El consejo de administración de Indra ha desplegado un amplio abanico de medidas orientado a asegurar el cumplimiento pulcro de todas las normas de buen gobierno en caso de que finalmente se ejecute la operación de integración con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Entre las medidas estrella está la creación, anunciada en julio del año pasado, de una comisión específica (ad hoc) encargada de la supervisión del proceso.
Sin embargo, pese a la contratación de un amplio elenco de asesores y la puesta en marcha de dicha comisión, que cuenta con tres representantes (Belén Amatriain, Eva Fernández y Oriol Piña), el consejo de administración de Indra no tendrá que seguir sus recomendaciones en caso de que finalmente emita un informe contrario a la operación.
Según recoge el Protocolo de actuación para una potencial operación de integración, remitido por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la comisión ad hoc deberá informar sobre los términos en los que se concrete la operación para su aprobación por parte del consejo de Indra y, posteriormente, en junta de accionistas.
Además, el consejero delegado, de los Mozos, como responsable del análisis, estructuración y ejecución de la operación, tendrá que presentar los términos de la operación a la comisión creada de forma específica antes de que se eleve al consejo, aunque no está vinculado el éxito de la operación a tener un informe favorable de dicha comisión. «El CEO deberá presentar tales términos a la comisión ad hoc con carácter previo a su presentación al consejo de administración y procurar, en la medida de lo posible, obtener un informe favorable de la comisión ad hoc. En caso de no obtenerse, presentará los términos de la operación al consejo de administración en la forma que considere más conveniente para los intereses de Indra», señala el texto.
El documento pone de manifiesto que la eventual integración Indra-EM&E podría llevarse a cabo sin contar con el ok de la comisión creada específicamente para supervisar el cumplimiento de las normas de buen gobierno, para lo que se ha blindado con varios asesores entre los que se encuentran Latham & Watkins, así como Morgan Stanley, Goldman Sachs, PwC, así como Renaissance Strategic Advisors y Oliver Wyman.
