El presidente de la asociación, Daniel Portero, ha pedido que se practiquen las diligencias necesarias «con la máxima diligencia» ya que tan solo faltan dos semanas para la celebración de las elecciones para que, si se comprobara que alguno de los candidatos no ha cumplido la inhabilitación se proceda a la anulación de la lista electoral.
La asociación de víctimas del terrorismo consideran especialmente grave que dos de los siete candidatos con delitos de sangre concurran a las elecciones como candidatos del lugar en el que permitieron o ejecutaron el asesinato. En su opinión este hecho supone una «humillación y vilipendio» para las víctimas.
Ley de Partidos Políticos
La asociación que dirige Portero considera que ya de por sí, la inclusión de estas personas en las listas electorales supone «un flagrante incumplimiento del artículo 9.3 c) de la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos. En concreto, este apartado señala que es motivo de ilegalización del partido político »incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas, o mantener un amplio número de sus afiliados doble afiliación a organizaciones o entidades vinculadas a un grupo terrorista o violento, salvo que hayan adoptado medidas disciplinarias contra éstos conducentes a su expulsión».
También señala que ya hay antecedentes de que Bildu tratara de «colar» candidatos inhabilitados en sus listas electorales. El propio Arnaldo Otegi, sin ir más lejos, fue excluido por la Junta Electoral de Guipúzcoa cuando pretendía ser parlamentario vasco en 2016 «evitando así la concurrencia a unas elecciones autonómicas de un condenado por delito de terrorismo con la pena de inhabilitación sin cumplir».
