La Junta de fiscales de Sala del Supremo ha frenado momentáneamente el intento del fiscal general del Estado García Ortiz, de influir en el enfoque del informe con el que el Ministerio Público debe posicionarse sobre la imputación de Puigdemont por terrorismo, avala investigar al ex presidente catalán por dicho delito y admite la competencia del Alto Tribunal para hacerlo.
Según varias fuentes la mayoría de los miembros de la Sección encargada del caso, 12 fiscales contra 3, han rechazado los argumentos del ponente, Redondo, para oponerse a la exposición motivada con la que el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón solicitó a la Sala Segunda del Supremo que se hiciese cargo de la causa de Tsunami Democràtic por terrorismo.
Además, once fiscales frente a cuatro han admitido que existen indicios suficientes para que el supremo proceda contra Puigdemont y, también, el diputado de ERC Rubén Wagensberg que también está fugado, en Suiza.
La mayoría de los fiscales aprecia indicios suficientes para investigar por terrorismo a Puigdemont
Sin embargo, al existir «discrepancias» en la interpretación de la causa entre los dos fiscales jefe de la Sección, Fidel Cadena y Joaquín Sánchez-Covisa, y tras aplicar el artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el cometido recaerá en la número dos del organigrama de la institución, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde. Así las cosas, Redondo queda apartado de la misión encomendada y no tendrá que elaborar un nuevo borrador de propuesta a favor de la admisión del caso en el Alto Tribunal, en línea con el primero que había confeccionado y que cambió en tan sólo 72 horas, tras despachar con el fiscal general García Ortiz sobre el caso.
De poco o nada han servido las explicaciones aportadas por Redondo en un inaudito comunicado emitido desde la oficina de prensa de la Fiscalía para desmentir que su titular, García Ortiz, le hubiera dado «instrucciones» o «sugerencias» para defender una posición opuesta a la primera. El resultado final, a una reunión «tensa» de casi cuatro horas, ha sido avalar al magistrado García Castellón y respaldar los indicios que apuntan a la necesidad de investigar por terrorismo a Puigdemont.
