De todas, hay una que está trayendo de cabeza al Gobierno y a sus socios parlamentarios: la que propone prorrogar la vida de las centrales nucleares, una enmienda que algún portavoz ha calificado muy gráficamente de «bomba atómica».
Aprovechando su mayoría absoluta en el Senado, el PP introdujo esta enmienda para alargar la vida de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). El que se apruebe o no la enmienda depende, de nuevo, de Junts. Y el partido de Puigdemont se está preparando para votar a favor, por convicción y por asestar un golpe parlamentario a Sánchez desde que anunció que bloquearía todas las iniciativas del Gobierno. Ante esta situación, tanto el Gobierno como sus aliados se están movilizando para intentar evitarlo. Aunque unos parecen atinar más que otros.
Hay socios, como Sumar o Compromís, que han verbalizado que están barajando la posibilidad de votar en contra de toda la ley si la enmienda se incorpora. Sería un duro golpe para el Gobierno, ya que de esa norma penden varios cientos de miles de millones de fondos europeos, pero tiene una pega nada menor: no es posible.
Según confirman fuentes de la Presidencia del Congreso, como la Ley de Movilidad Sostenible ya se votó en la Cámara Baja (con el sí de Podemos y Junts y tras unas negociaciones de infarto), el jueves se votarán solo las enmiendas que ha incorporado el Senado. Es decir, el texto al completo no se volverá a votar de nuevo y si Junts apoya la prórroga de la vida de las nucleares, la ley se aprobará con esa medida incorporada.
Otra posibilidad que han barajado algunos socios es que el Gobierno retire la norma de la votación. Esto es algo que ha pasado en algunas ocasiones, que el Ejecutivo ha retirado textos que sabía que iba a perder. Sin embargo, hay dudas jurídicas en el Congreso de que esto se pueda hacer ahora mismo, en este estadio, y es poco probable que el Gobierno quiera retirarlo al completo. Por un lado, porque en teoría de esa norma dependen muchos millones de fondos europeos. Por otro, porque el Ejecutivo está abierto a pactar un nuevo calendario de cierre de las nucleares y es algo que le viene bien de cara a las elecciones en Extremadura, ya que su candidato, Gallardo, es un firme defensor de que sigan abiertas por la influencia de la central de Almaraz en su territorio.
También se ha sopesado intentar convencer a Junts para que vote en contra o se abstenga, lo que haría que la enmienda decaiga. El diputado Cervera tiene muy buena relación personal con distintos miembros de Sumar y el portavoz de Compromís, Alberto Ibáñez, se ha llegado a plantear intentar convencerle para que presione a su grupo. Pero lo cierto es que la posición de Junts no la decide un diputado.
Ante esta endiablada situación, parece que queda una única salida para que el PP no se salga con la suya: que Hacienda vete la enmienda. El Gobierno tiene capacidad de vetar aquellas iniciativas que supongan para los Presupuestos un aumento del gasto o un descenso de la recaudación. Esta podría ser la vía para tumbar la enmienda, y el Ejecutivo ya se ha mostrado favorable a explorarla.
Sin embargo, también hay dudas jurídicas sobre si el veto se puede presentar ahora. Lo ideal sería que se presentara en el Senado, cuando se presentó la enmienda. Pero como el PP tiene mayoría absoluta, la Mesa del Senado puede levantar los vetos del Ejecutivo y el Ejecutivo está estudiando llevar el veto al Congreso.
Esto es algo que ya se hizo con una bajada del IVA en la Ley de Desperdicio Alimentario y fue la primera vez que el Congreso llevó a cabo una práctica así. El PP recurrió el asunto al Tribunal Constitucional, pero los procesos van más lentos en el órgano jurisdiccional que en la Cámara Baja. Pero incluso en este escenario falta por concretar un detalle importante: a esta hora, las enmiendas del Senado todavía no han llegado a la Mesa del Congreso. Para poder vetarlas, las enmiendas tienen que llegar a la Mesa, Hacienda tiene que vetar el texto y la Mesa se tiene que volver a reunir, esta vez ya sería de manera extraordinaria, para aceptar ese veto. Es decir, que quedan menos de 48 horas para la votación y el final todavía está muy abierto.
