Esta ves es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial especializado en disputas entre Estados e inversores extranjeros. El tribunal arbitral ha condenado a España a indemnizar con 23,9 millones de euros a un grupo de inversores alemanes y suizos que denunciaron los cambios regulatorios introducidos en el sistema de primas a las renovables.
La resolución eleva a 29 el número total de laudos arbitrales perdidos por España en relación con las reformas energéticas aprobadas tras la crisis financiera. Aunque la cantidad reconocida en este caso es inferior a los 55,9 millones inicialmente reclamados por los demandantes, la decisión refuerza una tendencia que se ha consolidado durante los últimos años: la práctica totalidad de los procedimientos arbitrales internacionales han terminado dando la razón, total o parcialmente, a los inversores. El procedimiento fue iniciado en 2017 por un consorcio integrado por DCM Energy GmbH & Co. Solar 1 KG, DCM Energy GmbH & Co. Solar 2 KG, Edisun Power Europe y varias sociedades vinculadas al grupo Hannover Leasing. Los demandantes alegaron que las modificaciones regulatorias alteraron de forma sustancial las condiciones económicas bajo las que realizaron sus inversiones en España, vulnerando las garantías recogidas en el Tratado de la Carta de la Energía.
La decisión arbitral fue adoptada en septiembre de 2025 y ahora se ha completado con la resolución de los aspectos pendientes relacionados con costes y gastos procesales.
La nueva condena incrementa una factura que ya supera los 2.300 millones de euros. Según los cálculos de los acreedores, las indemnizaciones reconocidas y todavía pendientes de pago alcanzan los 1.779 millones de euros. A esa cifra se suman otros 553 millones derivados de intereses de demora, costes financieros y gastos legales acumulados durante años de litigios, lo que sitúa el pasivo total en torno a los 2.333 millones.
Pese a esta acumulación de resoluciones desfavorables, España solo ha abonado uno de los laudos internacionales, correspondiente al caso JGC. Los restantes permanecen pendientes de ejecución, una situación que ha convertido al país en uno de los Estados con mayor volumen de laudos arbitrales internacionales sin satisfacer.
La consecuencia es que el conflicto ha entrado en una nueva fase. Lo que durante años fue una batalla jurídica centrada en tribunales arbitrales internacionales se ha transformado en una ofensiva global para localizar activos públicos susceptibles de embargo.
Durante los últimos meses, los acreedores han intensificado las acciones de cobro en distintas jurisdicciones y han obtenido decisiones favorables en varios países. En Estados Unidos ya existen siete sentencias federales firmes que reconocen la validez y ejecutabilidad de los laudos contra España por un importe cercano a los 700 millones de euros. Además, los fondos litigantes han ampliado de forma significativa el registro de estas resoluciones en numerosos distritos judiciales estadounidenses. La estrategia busca facilitar futuras investigaciones patrimoniales, solicitudes de información y eventuales embargos sobre activos relacionados con el Estado español.
La expansión de estas actuaciones coincide con el Mundial de Fútbol de 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. Fuentes próximas a los acreedores reconocen que el torneo se ha convertido en uno de los escenarios más sensibles de la disputa debido a la presencia institucional española y a la posibilidad de que determinados activos o actividades vinculadas al Estado puedan ser objeto de análisis judicial. El conflicto ha llegado incluso a preocupar a la Real Federación Española de Fútbol. La RFEF ha solicitado formalmente a los representantes de los acreedores que la Selección Española quede al margen de cualquier actuación relacionada con los litigios. La Federación sostiene que sus bienes no forman parte del patrimonio estatal y que no deben verse afectados por una controversia derivada de las reclamaciones arbitrales sobre renovables.
