La distribución se asfixia ante la sobrerregulación que padece el sector. Y no parece que el ritmo legislador se aminore. Más bien al contrario. De hecho, en 2022 se ha duplicado la presión normativa sobre el comercio respecto a niveles anteriores a la pandemia.
En 2022 se aprobaron casi 1.000 normas que afectan al comercio en los ámbitos local, autonómico, nacional y europeo, lo que supone una media de 2,7 desarrollos legislativos al día. Esta cifra representa más del doble que las 1,3 normas diarias -476 en total- publicadas en 2019, año previo a la pandemia, según datos de WorldLex.
Durante 2020 y 2021 se batieron récords derivados de la normativa covid (8,9 y 7,5 normas diarias, respectivamente), pero la vuelta a la normalidad sanitaria no ha supuesto una relajación de la presión normativa sobre los establecimientos comerciales con respecto a los años anteriores a la crisis sanitaria.
En 2022 se aprobaron casi 1.000 normas referidas al comercio (una media de 2,7 desarrollos legislativos al día), frente a las 476 de 2019 (1,3 al día)
Ante esta situación, a la que hay que añadir la “gran presión financiera” derivada de los altos costes de energía, carburantes y materias primas, la distribución ha manifestado su “preocupación” por el “gran esfuerzo” económico y administrativo que supone el seguimiento y aplicación –a veces en tiempo récord, como ocurrió en diciembre con la modificación del IVA alimentario– de este ingente volumen de nueva regulación.
Así, para el director general de Asedas, García Magarzo, “la carga normativa sobre el comercio sigue siendo muy alta una vez superada la pandemia. Cada desarrollo legislativo supone un coste de adaptación para los establecimientos comerciales y, además, algunos de ellos vienen asociados a una presión fiscal adicional para el sector, como es el caso del nuevo impuesto a los plásticos de un solo uso”.
En este sentido, un reciente estudio del Instituto de Estudios Económicos (IEE) señalaba las consecuencias económicas de la alta presión normativa a la que está sometido el sector. Entre ellas, destacaban la no creación de 88.000 empleos, un incremento del IPC de 1,7 puntos, un impacto negativo en la inversión de 770 millones de euros anuales y, paradójicamente, una reducción de la recaudación fiscal de la administración de 870 millones de euros anuales.
Para hacer frente a esta situación, el sector propone medidas como la adopción del silencio administrativo positivo, la sustitución de la autorización previa por la declaración responsable, la racionalización fiscal o la digitalización de la Administración pública.
