«Además, la credibilidad de España queda dañada al alterar su plan energético (PNIEC) y el 7º Plan General de Residuos Radiactivos, que tendrán que modificarse, con un encarecimiento de costes de la gestión de residuos y su traslado a la tarifa eléctrica», añaden, al mismo tiempo que alertan de un posible «efecto dominó» que altere el calendario de cierre del resto de las centrales españolas.
Mientras, Greenpeace ha mostrado rechazo e indignación ante la medida, alertando que «esta decisión no responde a criterios de seguridad técnica ni de abaratamiento de la factura para los hogares, sino exclusivamente al interés económico de las eléctricas». «La decisión de Pedro Sánchez es un error histórico que demuestra que en este país sigue mandando el mismo oligopolio energético de siempre. Al ceder a esas presiones, el Gobierno echa por tierra toda su credibilidad, defrauda la confianza de su electorado que respaldó sus compromisos ambientales y, lo que es aún más grave, asesta un golpe mortal a la transición energética en un contexto en el que el cambio climático ya está aquí y nos va la vida en ello», comentó Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, para después adelantar que explorarán todas las vías posibles a su alcance para revertir este paso.
