Guivernau, director de la Fundación Civismo, asegura que «el incremento de la carga impositiva junto con el aumento del nivel de precios y el estancamiento de los salarios por el déficit de productividad de la economía española hacen que los españoles deban destinar 7 meses de su trabajo a pagar impuestos». La combinación de ingresos estancados y la creciente carga tributaria ha mantenido la presión fiscal en niveles elevados, afectado significativamente la economía doméstica. Y es que, tal y como apunta el organismo, en 2023 la recaudación por el IRPF alcanzó un récord histórico de 120.000 millones de euros. Sin embargo, la falta de medidas para reducir la carga tributaria, junto con el aumento general de los precios y otros impuestos, ha llevado a una pérdida de poder adquisitivo y a un menor ascenso social y económico para los ciudadanos.
La recaudación por IVA también marcó un hito, alcanzando un récord de 88.000 millones de euros en 2023, superando en más de 2.000 millones la cifra de 2022. «Un incremento que es debido al aumento en el consumo, con la base imponible del IVA creciendo más de 23 puntos en los últimos dos años», asegura la Fundación Civismo. «No obstante, se ha observado una recesión en el tipo efectivo devengado debido a la reducción del IVA en bienes esenciales como el gas y la luz, y el cambio en los hábitos de consumo de los españoles, que se han enfocado más en bienes y servicios con IVA reducido, como alimentos y transporte», añade.
El estancamiento salarial lleva siendo en España desde hace más de una década una causa significativa del aumento de la presión fiscal sobre los ciudadanos. El informe refleja como desde 2012, los salarios medios solo han aumentado un 3,4 %, una cifra que contrasta negativamente con otros países europeos. En abril de 2024, la subida salarial media en España fue del 2,92, inferior al promedio europeo del 4,7 % y al 6,2 % en Alemania, además de ser menor que el IPC del 3,3 %. «Esta situación ha supuesto en una mayor presión fiscal sobre salarios relativamente menores, y una consecuente pérdida de poder adquisitivo, exacerbando las dificultades económicas de las familias españolas», explican.
El sistema fiscal español permite que la tributación de las personas físicas sea muy dispar según el lugar de residencia. Y es que, el 50 % del IPRF está cedido a las Comunidades Autónomas, que establecen deducciones específicas que permiten que la cuota líquida que satisfagan los contribuyentes sea diferente, aún con el mismo nivel ingresos y circunstancias personales y familiares.
De este modo, Madrid, Andalucía y Castilla y León son las comunidades autónomas que destacan por rebajar impuesto, mientras que Cataluña presenta una carga fiscal más alta. Estas disparidades se reflejan en variaciones de hasta un 7 % en el IRPF por una misma renta anal bruta de 23.985 euros.
