Este grupo de empresarios, que tienen un 15% de Prisa, está liderado por Andrés Varela Entrecanales, que a su vez lidera el grupo Alconaba, que tiene alrededor de un 7% de Prisa. Sin embargo, grupo Alconaba como tal no participa. Los empresarios Adolfo Utor y Diego Prieto también forman parte del consorcio. Asimismo, el grupo argentino Telefé es otro de los socios del proyecto audiovisual.
El nuevo canal de TDT nace siguiendo el plan elaborado por Contreras, exdirector de Contenidos de Prisa Media, que ha diseñado el plan editorial de la cadena siguiendo la hoja de ruta que proyectó cuando propuso a Oughourlian pujar por esta licencia. Sin embargo, el presidente de Prisa enterró la iniciativa. Los accionistas rebeldes de Prisa son los que ahora están detrás de un canal que, según fuentes del sector, podría tener un presupuesto operativo anual de entre 20 y 25 millones de euros.
La concesión de este nuevo canal cambia el tablero mediático e introduce un nuevo proyecto televisivo de corte progresista que estará en funcionamiento en los próximos meses, probablemente en octubre, con la mirada puesta en las próximas elecciones previstas para 2027. El canal estará centrado en la información y la actualidad, con un modelo de infoentretenimiento semejante al que funciona ahora en RTVE. De hecho, se baraja el fichaje de algunas estrellas mediáticas que actualmente trabajan para la cadena pública, como Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz y Jesús Cintora.
El concurso abierto por el Gobierno hace meses solo tenía dos candidatos. Por un lado, Siete; por otro, Mediaset, que presentó una oferta para aumentar a ocho los canales que actualmente tiene el grupo ( Telecinco, Cuatro, FDF, Divinity, Energy, Be Mad y Boing). Atresmedia, con seis canales, no compitió en el proceso, de igual modo que tampoco lo hicieron Telefónica ni Prisa, los otros grandes gigantes de la comunicación.
El concurso, según publicó el Gobierno el pasado mes de octubre, invitaba a poner en marcha un canal que permita «aumentar la representatividad de los plurales intereses y corrientes de opinión de la sociedad», de tal manera que ofrezca «acceder a un número mayor de contenidos y una oferta audiovisual diferenciada». Entre las condiciones exigidas, los licitadores debían explicar de qué manera «mejorarían los niveles de pluralismo en el mercado televisivo y de los medios de comunicación, garantizando una expresión libre y pluralista de ideas y de corrientes de opinión». Asimismo, las condiciones del concurso hablaban de que el canal debería tener una «diversidad de contenidos» que le permitiera ser una «opción diferenciada y atractiva para los usuarios».
