Desprecio a las instituciones, a las reglas básicas de la democracia parlamentaria y, sobre todo, a los ciudadanos. Porque no estamos ante un Ejecutivo que haya tenido un tropiezo puntual. Estamos ante un Gobierno que ha sido incapaz de aprobar sus presupuestos durante toda una legislatura y que, lejos de asumirlo, decide mirar hacia otro lado y prometer unos nuevos a dos años vista.
España lleva años funcionando con cuentas prorrogadas. Años. No semanas ni meses. Años en los que se gobierna con presupuestos antiguos, sin debate real sobre prioridades, sin planificación seria y sin los controles que exige el Parlamento. Y en ese contexto, la respuesta del Gobierno no es rectificar, ni explicar, ni rendir cuentas. Es anunciar lo que no ha sido capaz de hacer.
Esto tiene un nombre: tomar el pelo.
Porque no hay ningún elemento nuevo que permita creer que esta vez será diferente. La misma debilidad parlamentaria que ha bloqueado los presupuestos hasta ahora sigue intacta. Los mismos socios que han tumbado iniciativas clave continúan siendo imprescindibles. Y el mismo bloqueo político que ha paralizado la legislatura sigue sin resolverse.
Sin embargo, el Gobierno habla como si el problema no existiera. Como si bastara con proyectar un horizonte futuro para borrar el fracaso presente. Como si los Presupuestos fueran un ejercicio de propaganda y no la ley fundamental que define la acción de un país.
Y ahí está el verdadero problema: no es solo la incapacidad, es la banalización del incumplimiento.
Se normaliza una anomalía democrática —gobernar sin presupuestos— y, acto seguido, se pretende vender como un gesto de fortaleza lo que no es más que un reconocimiento implícito de debilidad. Porque anunciar los Presupuestos de 2027 después de no haber podido aprobar los de 2026 no es ambición: es admitir que se ha renunciado al presente.
A ello se suma una promesa económica que roza lo inverosímil: más gasto, más ambición social y, simultáneamente, reducción del déficit y la deuda, sin explicar cómo ni con qué apoyos. No es una estrategia. Es un relato.
Y los relatos no pagan facturas, no construyen viviendas y no sostienen el Estado del bienestar.
La política exige algo más que palabras. Exige responsabilidad, coherencia y, sobre todo, respeto al ciudadano. Respeto que se pierde cada vez que se anuncia lo que no se piensa —o no se puede— cumplir. Respeto que se erosiona cuando la excepción se convierte en norma. Respeto que desaparece cuando el Gobierno actúa como si nada de esto fuese importante.
Porque sí lo es.
Los Presupuestos no son un trámite, ni una herramienta electoral, ni una maniobra de distracción. Son el núcleo de la acción de gobierno. Y cuando un Ejecutivo renuncia de facto a ellos durante años, lo que está renunciando es a gobernar con todas sus consecuencias.
Por eso, el anuncio de los Presupuestos de 2027 no merece aplausos ni expectativas. Merece, simplemente, ser leído por lo que es: un intento más de ganar tiempo mientras se degrada la credibilidad institucional.
Y en democracia, jugar con el tiempo a costa de la confianza pública no es estrategia. Es un error grave.
