Ésta ha sido extendida igualmente a sus presuntos colaboradores, caso del empresario Pérez Dolset y el abogado Teijelo, quienes aparecen en los audios que destaparon el escándalo.
Entre los motivos para esta denuncia se esgrime la «comisión de presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y participación en grupo u organización criminal». El PP complementará esta ofensiva judicial con una batería de medidas parlamentarias, como ya anunció, entre las que está la propia convocatoria de Díez a la ‘comisión Koldo’ de investigación en el Senado, o la llamada a comparecer a Pedro Sánchez, y a los ministros de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, o al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La denuncia se justifica ante los indicios de la «guerra sucia del PSOE y sus satélites contra magistrados, fiscales y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», como el teniente coronel de la Guardia Civil y jefe de la Unidad de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO), Antonio Balas. Los populares consideran que los «informaciones» publicadas y conocidas por «los españoles» son «de extrema gravedad». Ven evidenciado que esa persecución a los distintos contrapesos del Estado tienen «el claro objetivo de obstruir la actuación de la justicia en las causas que afectan de manera directa a destacados miembros o exmiembros de la cúpula socialista».
El PP recalca su ofensiva en todos los ámbitos, desde este judicial, al parlamentario, así como el de la protesta en la calle, con la manifestación convocada contra Sánchez y el Gobierno el próximo domingo 8 de junio en Plaza de España, Madrid. «Solo una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía Anticorrupción puede esclarecer los hechos, depurar responsabilidades e iniciar las acciones judiciales que resulten pertinentes para que la impunidad no se produzca», aseguran los populares.
