Así, fuentes socialistas que ocupan cargos de responsabilidad admiten que no le gustan las referencias al ‘lawfare’ que aparecen en el texto negociado y firmado en Bruselas por el secretario de Organización, Santos Cerdán. Advierten, además, de la falta de información sobre la ley de amnistía. El PSOE aceptó finalmente incluir esa expresión –que hace referencia a la guerra judicial o el abuso de instituciones judiciales contra adversarios políticos– en el acuerdo con el partido del expresidente Carles Puigdemont que se hizo público el pasado jueves.
Las fuentes consultadas también señalan que el redactado de esa parte del acuerdo no se entiende correctamente, a pesar de que se discutió la inclusión de cada palabra durante mucho tiempo. De hecho, Cerdán pasó cinco días seguidos en Bruselas para cerrar definitivamente el pacto y firmarlo junto al secretario general de Junts, Turull.
El texto recoge este punto de la siguiente manera: «En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».
El rechazo a la medida fue inmediato por parte del Poder Judicial, y a las pocas horas todas las asociaciones judiciales –progresistas y conservadoras– emitieron un comunicado conjunto expresando su malestar. El PSOE se vio obligado a reaccionar y envió una aclaración en la que señalaron que las referencias al ‘lawfare’ se circunscriben únicamente a las comisiones de investigación parlamentarias sobre la ‘Operación Kitchen’ y ‘Pegasus’, dos casos en los que hubo espionaje a independentistas. Pretendían dejar claro que no se va a inmiscuir en el terreno de la Justicia ni se van a revisar sentencias.
Las fuentes consultadas se expresan en la misma línea y restan importancia a las consecuencias que puede acarrear. Dejan claro que queda reducido al ámbito de las comisiones en el Congreso, que solamente pueden pedir responsabilidades políticas, no judiciales.
La otra crítica expresada en el interior del PSOE pasa por el contenido de la ley de amnistía, que todavía no se ha hecho público y que se podría conocer este lunes, día en el que la dirección del PSOE tiene previsto registrar la ley. De hecho este mismo sábado, Santos Cerdán afirmó que la ley estaba terminada y que los últimos detalles que quedaban por cerrar ya están «pulidos». Afirmó además que solo falta que la vean el resto de grupos parlamentarios que la va a firmar, pues la idea del PSOE es registrarla en el Congreso como proposición de ley con la firma de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG.
Sin embargo, fuentes del PSOE advierten de la falta de información sobre esta medida, tanto de forma interna, ya que apenas se conocen detalles del contenido de la ley a excepción de un círculo muy reducido de dirigentes, y por supuesto hacia afuera, hacia la ciudadanía.
Aunque admiten la medida y defienden que se lleve a cabo para mejorar la convivencia en Cataluña, en la misma línea que en la pasada legislatura se aprobaron otras iniciativas como los indultos a los líderes independentistas condenados, la eliminación del delito de sedición o la rebaja de la malversación, advierten de que se debe hacer un esfuerzo para explicarla a los ciudadanos.
Además, otras fuentes del PSOE consideran que la batalla contra la amnistía en las instituciones europeas que previsiblemente dará la oposición tiene poco recorrido. Después de la carta del comisario de Justicia, Didier Reynders, que pertenece al grupo de los liberales, dirigida a los ministros de Presidencia y Justicia en funciones, pidiendo explicaciones sobre la ley de amnistía, el PSOE da por hecho que los eurodiputados del PP intentarán que la UE tome medidas para obligar a Sánchez a dar marcha atrás.
En ese sentido piensan que los ‘populares’ intentarán que se active el artículo 7 contra España, el cual permite suspender los derechos como miembro de la UE si infringe «de forma grave y persistente» los principios en que se basa la unión (respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos fundamentales, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías).
Sin embargo, en el PSOE descartan por que pueda tomarse esta medida contra España, debido al crédito que ha acumulado Sánchez en el seno de la UE. Consideran que si el jefe del Ejecutivo está liderando debates en las cumbres, el resto de países no va a contemplar aplicar un correctivo de esa entidad en su contra.
