De hecho, desde los altos despachos de Prisa aseguran que el dueño de Amber Capital baraja pedir a los demandantes una caución de 815 millones de euros como garantía -el equivalente a la deuda bruta- para que, en caso de que el litigio avance, la propietaria de El País y la Cadena SER no se vea en una situación comprometida con los acreedores.
Global Alconaba ha emprendido acciones legales para intentar revertir las decisiones que se tomaron en el último Consejo de Administración de Prisa. Entre ellas, la ampliación de capital que «blindó» a Joseph Oughourlian como presidente de la compañía y diluyó la participación de los socios minoritarios.
La operación implicó la emisión de acciones equivalentes al 9,95% del capital que adquirieron -por la vía de la colocación rápida- una serie de fondos de inversión con los que Oughourlian había alcanzado previamente un acuerdo.
Esto privó al resto de los accionistas del derecho de suscripción preferente, al contrario que en otras operaciones de similares características que planteó el grupo en el pasado. Así figura en el texto de la demanda, al que ha tenido acceso a El Independiente, en el que los demandantes -comandados por Andrés Varela Entrecanales- acusan a Oughourlian de haber actuado al margen de la ley.
Global Alconaba pide también la anulación del contrato de refinanciación de la deuda de Prisa -de 750 millones de euros-, el cual entró en vigor de forma automática una vez quedó suscrita la ampliación de capital.
Los accionistas denuncian las condiciones leoninas de este acuerdo, que negoció el propio Oughourlian y en el que se aseguró una serie de cláusulas para que no pudiera ser apartado de la presidencia por ningún otro socio.
Fuentes cercanas a Amber Capital rechazan este último argumento, en cuanto a que esta cláusula, que es habitual en este tipo de contratos, no impide a los socios del grupo destituirle como presidente y como consejero. En cambio, sí que brinda cierta garantía a los acreedores para no salir perjudicados en caso de que se produzca alguna acción hostil sobre el accionariado del grupo. En este sentido, les sorprende que Varela Entrecanales, Contreras y compañía no valoren el acuerdo -que salva de una situación muy compleja a Prisa- ni la actitud colaboradora de Pimco a este respecto. No sólo por haber aceptado ‘cobrar’ más tarde, sino también porque ha aceptado suscribir los derechos de determinados acreedores minoritarios en caso de que, por razones financieras, no puedan aceptar el aplazamiento del pago.
