La consulta pública del Gobierno sobre la opa del BBVA sobre Sabadell ha sido recurrida ante la Audiencia Nacional. El despacho de abogados Statera Legal ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el procedimiento abierto por el ministro de Economía Carlos Cuerpo para decidir sobre si eleva o no al Consejo de Ministros la operación corporativa. El despacho había enviado ya al departamento de Economía un requerimiento para que cesara el desarrollo de la consulta pública. Pero no recibió más que un acuse de recibo. Una vez agotado el plazo legal, ha presentado un recurso en el que pide como medida cautelar que no se puedan usar los resultados de la consulta pública.
Esta última es un mecanismo habitual para la elaboración de normas pero inédito para decidir sobre una operación corporativa entre empresas privadas. El despacho solicita la suspensión de la utilización de los resultados de la consulta pública sobre la concurrencia de criterios de interés general afectados por la operación de adquisición de BBVA sobre Banco Sabadell.
Además, el despacho pide que, subsidiariamente, «se imponga al Gobierno la obligación de reiterar la consulta pública con la motivación de la que adolecía la primera consulta formulada».
El escrito firmado por el socio del despacho Statera, Ibor Fernandes, argumenta que el uso de la información recabada en la consulta pública de una semana «podría tener una afectación del interés público ante la utilización de los datos recabados sin ningún rigor y respaldo jurídico».
Además, dice que «es contraria al principio de igualdad y no discriminación (artículo 14 CE) pues la formulación de la consulta es diferente en función de si el interesado considera o no que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell». Entre otras cosas, el despacho subraya también que el proceso para rellenar el formulario de la consulta «está ausente de cualquier autenticación de identidad del usuario». Y cree que «el procedimiento seguido no se corresponde con aquel al que se vinculan las preguntas formuladas en la consulta, lo que infringe el artículo 60 Ley de Defensa de la Competencia».
Además, subraya que la suspensión cautelar del uso de los datos obtenidos por la consulta pretende evitar la pérdida de la finalidad legítima del recurso y aseguraría la efectividad de la futura sentencia.
