La compañía, presidida por Corredor, prevé invertir 7.700 millones de euros hasta 2030 dentro del programa de 17.000 millones anunciado por el Gobierno. Sin embargo, según diversas fuentes, bancos y fondos muestran reticencias a aportar recursos mediante deuda o créditos sindicados.
Los inversores cuestionan principalmente tres aspectos. En primer lugar, la suficiencia de los ingresos regulados de REE para afrontar el pago de una deuda creciente en un entorno de tipos de interés elevados. Al depender de una remuneración fijada por la CNMC, la empresa tiene margen limitado para aumentar sus ingresos.
En segundo lugar, el mercado duda de la capacidad de la compañía para ejecutar un volumen de inversión muy superior al habitual. REE suele invertir alrededor de 600 millones de euros al año, frente a los más de 7.000 millones previstos entre 2027 y 2030.
Por último, persiste la incertidumbre sobre las posibles indemnizaciones derivadas del apagón del 28 de abril de 2025. Aunque las responsabilidades definitivas deberán determinarse en los tribunales, los inversores temen que eventuales condenas puedan afectar a la situación financiera de la empresa.
La combinación de estos factores ha complicado el acceso a financiación para un plan considerado clave para reforzar la red eléctrica española en los próximos años.
