En una entrevista de ‘La Vanguardia’ y dos años después de la Ley de la Vivienda, hace un balance positivo, por lo que ha pedido a las autonomías que la rechazan que no se nieguen a aplicar una regulación que está siendo positiva, y ha añadido que hay votantes conservadores partidarios de intervenir para declarar zonas tensionadas.
«Se está derivando la oferta hacia otro tipo de alquiler. Lo que está ocurriendo es muy grave, porque no tiene que ver con la regulación», y el incentivo de quien desvía viviendas a alojamientos turísticos o de temporada es la rentabilidad, ha dicho, por lo que el paquete de ayudas que ponen en marcha persigue también fiscalmente abusos con un desincentivo a la inversión, como en el caso de los extranjeros.
Además, considera que «lo que no es razonable es que haya miles de pisos turísticos ilegales y que ayuntamientos y autonomías miren hacia otro lado». También ha explicado que el nuevo impuesto a compradores extranjeros se va a relacionar con el de Transmisiones Patrimoniales que recaudan las comunidades: «Donde exista ese impuesto habrá deducción. Será una fórmula parecida al impuesto a grandes fortunas». Sobre la petición de los promotores de una ley de suelo, ha respondido que «nunca hay que perder la esperanza, pero conviene subrayar la responsabilidad, que está en el PP», aunque ha añadido que se puede hacer política de vivienda sin esa norma.
Así, ha concretado que lo harán poniendo todos los suelos de la administración del Estado «a disposición de la causa principal, vivienda asequible».
