El acuerdo se sustenta en un sistema de cooperación, tal y como anunció Servimedia, por el que los Mossos d’Esquadra trabajarán en la frontera catalana junto a Policía Nacional y Guardia Civil, es decir, que dependerán del Ministerio del Interior, tal y como ofreció el Ejecutivo a Junts.
«El Estado español transferirá los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para que Cataluña ejerza la competencia que se le delega», señala el texto registrado en la Cámara Baja. Las dos formaciones cierran así el acuerdo de Bruselas por el que se comprometieron a cambio de facilitar la investidura a Pedro Sánchez.
Junts tendrá que asumir este sistema de cooperación y no la delegación «integral» que buscaba, al no tener encaje esta medida con la Constitución ni con el actual modelo Schengen que instaura la libre circulación entre los Estados miembros de la Unión Europea.
Pese a que desde la formación independentista apostillan en el texto que «con esta ley, Cataluña podrá dar respuesta con capacidades suficientes a la necesaria plena integración al país –incluida la integración lingüística– basada en un marco de derechos y deberes y el respeto a los derechos fundamentales, que es condición para la cohesión social y el progreso».
Sin embargo, de esta manera, se cambiaría la transferencia de competencias por el encargo de funciones y se cumpliría con el artículo 150.2 de la Carta Magna, por el que “el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado”.
El texto de la propuesta registrada en la Cámara Baja señala que «Cataluña se configura como ‘ventanilla única’ en su territorio para las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración; así como expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español».
Asimismo, se procederá a incrementar el número de Mossos d’Esquadra en Cataluña en 1.800 efectivos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes y Cataluña ejercerá la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos (incluida la resolución y ejecución), como la instrucción y ejecución de las expulsiones que no requieran expediente (devolución).
Por el contrario, las expulsiones que requieran expediente se resolverán y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Cataluña. Además, Cataluña gestionará integralmente los Centros de Internamiento de Extranjeros.
«En Contrataciones en Origen, Cataluña será quien determinará (junto a sus empresas y sindicatos) los perfiles y el contingente de trabajadores y trabajadoras extranjeras», según reza la propuesta. Mientras que en materia lingüística se aplicarán las previsiones de la legislación vigente en el ejercicio de las competencias delegadas y también serán los Mossos d’Esquadra quienes ejercerán la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de tráfico y explotación de seres humanos.
Se indica que Cataluña ha sido siempre un territorio que ha acogido a mucha población procedente de otros lugares y ha tenido la capacidad de integrarla en nuestro modelo democrático de sociedad y en la catalanidad. Hoy en día, el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y un 24% ha nacido fuera de Cataluña. Estos datos expresan la trascendencia del fenómeno migratorio.
«La situación en Cataluña determina, de acuerdo con la voluntad de la sociedad catalana, la necesidad de asumir la gestión de este fenómeno por parte de la Generalitat de Cataluña y las entidades locales que la integran, como administraciones más próximas a la población», señalan en el texto que ambas formaciones registraron en el Congreso y añaden que «para este supuesto se diseñó el art. 150.2 de la Constitución».
«Con esta Ley Orgánica de Delegación de Competencias en materia de inmigración, Cataluña podrá desarrollar un modelo propio, una política integral, dado que en todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración, las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y del estado español», aseguran ambas formaciones en el documento registrado.
