Esta suspensión, si es que llega a ser aprobada la propuesta socialista, será aplicable cuando «con su conducta, de obra o de palabra, ejerciera en el recinto parlamentario, violencia o intimidación grave sobre la Presidencia o la Mesa, ya sea de la Cámara o de cualquier comisión, o sobre el cuerpo de letrados o ujieres que asiste a las mismas, ya sea en el transcurso de una sesión o fuera de ella».
Además, plantea ampliar el artículo 104, que prevé la expulsión del hemiciclo de los diputados, para añadir una sanción económica a quienes acaben expulsados tras las preceptivas tres llamadas al orden, una multa que va de 1.000 a 2.000 euros, en función de la resistencia mostrada a acatar los requerimientos de la Presidencia.
Hasta ahora cuando algún miembro de la Cámara es expulsado tras tres llamadas al orden, puede ser castigado, si así lo decide quien ocupa la Presidencia, con no asistir al resto de la sesión pero, con la reforma que plantea el PSOE esa medida conllevaría a su vez una multa de 1.000 euros. Y si los apercibidos se niegan a abandonar el salón de sesiones, el posible castigo de prohibir su asistencia a la siguiente sesión, irá aparejado a una sanción de 2.000 euros.
Según los socialistas, la reforma pretende «proteger la integridad institucional del Congreso» y «salvaguardar la autoridad de sus órganos de gobierno» ante lo que consideran un «deterioro progresivo de las formas parlamentarias».
«La reiteración de conductas perturbadoras, aun cuando conlleven la expulsión temporal de la sesión, evidencia la necesidad de reforzar el carácter efectivo y disuasorio del régimen disciplinario», argumentan. Y por eso apuestan por dotar al Reglamento de «mayor capacidad preventiva y correctora» a través del «mecanismo adicional» de la sanción pecuniaria que, según reseñan, rige en otros Parlamentos como el Bundestag alemán.
La iniciativa del PSOE se acumula a una lista de media docena de reformas reglamentarias que están presentadas o en tramitación en la Cámara baja. Una de ellas, también del Grupo Socialista, ya incluye sanciones para diputados que incumplieran el código ético. Lo que sí se ha aprobado y ya está en vigor es el régimen sancionador para periodistas acreditados en el Congreso.
