El Tribunal Administrativo Central acaba de rechazar la reclamación presentada por la unión de empresas de Telefónica y la empresa tecnológica Aicox. Estaban en contra de la expulsión de su oferta y, por tanto, la propuesta de adjudicación a Escribano, socio clave del Estado en Indra. Esto allana este movimiento, después de meses de tira y afloja. Eso sí, queda la puerta abierta a que se acuda a la Audiencia Nacional por parte de la operadora de telecomunicaciones para abrir así la vía contencioso-administrativa.
Este es el último capítulo de toda una batalla jurídica entre todas las partes que arrancó en el mes de junio. El Ministerio del Interior adjudicó a la alianza de empresas de Telefónica y Aicox este contrato que refiere a la modernización de sensores y ampliación de capacidades del sistema SIVE des los despliegues en Cádiz, Algeciras y Ceuta. El presupuesto base de licitación era de 25,7 millones sin impuestos. Se habían presentado inicialmente siete empresas a un procedimiento negociado sin publicidad. Escribano se revolvió y presentó un recurso, lo que suspendió cautelarmente el procedimiento.
Finalmente, el Tribunal le dio la razón a la empresa controlada por los hermanos Escribano y retrotrajeron las actuaciones al momento previo a la adjudicación pero excluyendo la oferta de Telefónica y Aicox, por un error formal, al igual que otra de las presentadas. Había presentado una parte de la memoria técnica por correo electrónico, un medio que “no permitía garantizar la integridad de la oferta”. No se hizo una adjudicación directa a Escribano, pero sí que se hizo una propuesta por parte de la mesa de contratación aunque no se llegó a entregar definitivamente la licitación porque Telefónica y Aicox volvieron a la carga.
Telefónica defendió en su recurso que sí presentó uno de los anexos de especificaciones técnicas a través de la plataforma de contratación del sector pública. Sin embargo, envió un email donde adjuntaban un documento que “no se ha podido enviar por motivos de peso” a través de dicha plataforma. Desde el tribunal insisten en que la UTE “pretende modificar el relato de los hechos”. “Lo que es de todo punto improcedente es que se impugne lo acordado en una resolución del tribunal mediante un nuevo recurso especial”, insiste.
Hay que tener en cuenta que Escribano ya fue adjudicataria de los principales lotes del gran contrato para el servicio de mantenimiento integral para los despliegues fijos del sistema de vigilancia. Tenía un presupuesto inicial de 27 millones de euros con impuestos. La empresa familiar se quedó con los paquetes más cuantiosos, sumando prácticamente 22 millones de euros. Indra sólo se quedó con los paquetes vinculados a Santa Cruz de Tenerife y la zona de Galicia que sumaban apenas 3,8 millones.
