Tras dos sesiones deliberando sobre el asunto, que se ha convertido en la polémica de la última semana, el TC ha concluido que «no puede hacer nada» para evitar la revisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el fallo con el que la mayoría de la Corte anuló las condenas por malversación y prevaricación, impuestas por el Supremo a los cabecillas políticos de las macrocausa.
Así las cosas, tanto los magistrados de la Audiencia sevillana como los que integran el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que se había visto afectado por un escenario análogo aunque no idéntico, entenderán que «la inacción del TC» –a la vista de todos los «informes y pronunciamientos en contrario»– implica «asumir» que la activación del mecanismo previsto en el ordenamiento europeo «no autoriza» al TC a «invocar el artículo 92 de la Ley Orgánica» del Tribunal.
Es decir, de forma cuasi unánime, la comunidad jurídica, por supuesto con «abrumadora» evidencia dentro del Constitucional, ha advertido a Conde-Pumpido que no caben injerencias previas, ni «multas», ni otro tipo de sanciones, a los jueces que cuestionen alguna de sus resoluciones, si entienden que «éstas pueden ser incompatibles con el Derecho comunitario».
«Plantear una cuestión prejudicial no puede traducirse como un incumplimiento efectivo de las decisiones» del Constitucional, han apuntado algunas fuentes consultadas por este diario. Y esa es, exactamente, la conclusión a la que ha llegado el órgano que preside Cándido Conde-Pumpido sobre su relación con la normativa europea y el TJUE que la interpreta.
Una posición que ya avanzaba el propio presidente de la Corte, el pasado lunes, en un desayuno informativo celebrado en el Ateneo de Madrid. Si bien la tesis oficialista de la Presidencia pasa por diluir el tema en una «reflexión continua» sobre un tema «complejo y en evolución», lo cierto es que el plan inicial sobre la mesa ha fracasado dado que el «debate interno» de fondo «no afectará» a la Audiencia de Sevilla, ni al TSJ de Madrid.
De hecho, Conde-Pumpido ha descartado enviar nota de prensa sobre el asunto tras culpar a la prensa de «sobredimensionar» lo que debería haberse quedado en una mera discusión jurídica sin «trascendencia» a la opinión pública. A comienzos de esta misma semana afeaba que su maniobra –que promovió unilateralmente cuando el tribunal sevillano anunció a las partes del caso ERE sus dudas sobre la sentencia que, a su juicio, debe revisar la Corte de Estrasburgo– hubiese «saltado a los medios» con luz y taquígrafos.
