El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Rodrigo, ha avanzado este viernes que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la Comunidad de Madrid contra el Plan Estatal de Vivienda 2026/30 aprobado por el Gobierno central. En declaraciones a los medios en la sede de la Consejería, Rodrigo ha recordado que el Gobierno regional presentó este recurso esta misma semana al considerar que la normativa estatal «vulnera las competencias en esta materia, limita la capacidad de gestión de la autonomía regional e invade ámbitos reservados por el ordenamiento jurídico a estas administraciones».
Además, el Ejecutivo autonómico considera que la ley «incrementa de forma significativa las obligaciones financieras exigidas a las comunidades autónomas para desarrollar las medidas previstas en el programa estatal».
En concreto, el plan estatal está dotado con hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, de los que 1.113 millones serían para la región. Contempla que el Estado asuma el 60 % de la inversión prevista, mientras que las comunidades aportarán el 40 % restante, lo que supone que las autonomías tengan que hacer un esfuerzo algo mayor que en los anteriores planes, en los que aportaban el 25% del presupuesto y el resto lo ponía el Estado.
El Gobierno regional votó a favor del reparto de fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 durante la Conferencia Sectorial del ramo celebrada el 21 de mayo, aunque trasladó su rechazo a un plan «propagandístico» del Gobierno de Pedro Sánchez cuyo diseño financiero es «profundamente injusto», en palabras del consejero del ramo, Rodrigo. «Lo que está intentando la ministra de Vivienda con este nuevo plan estatal es adaptar sus políticas de vivienda, imponerlas a las comunidades autónomas y en este caso a Madrid. Y por eso presentamos este recurso que ahora ha aceptado su tramitación en el propio Tribunal Supremo», ha detallado este viernes.
En este sentido, ha remarcado que la normativa contempla medidas que «además de invadir competencias», se quieren «imponer» pese a que el Tribunal Constitucional «ha declarado inconstitucionales», como por ejemplo la protección permanente de la vivienda pública. «Creo que es positivo que en el día de hoy se haya aceptado ese recurso para que haya un poquito orden en las políticas de vivienda y desde luego que no se nos impongan las medidas del gobierno sanchista por la puerta atrás», ha subrayado.
Entre los fundamentos del recurso figura el dictamen del Consejo de Estado, que advierte de que la obligación de cofinanciación impuesta por el Gobierno central podría suponer «una injerencia excesiva» en la autonomía financiera de las regiones, al restringir su capacidad para decidir el destino de sus propios recursos presupuestarios.
El Ejecutivo madrileño considera que el nuevo modelo traslada «una carga económica adicional» a las administraciones autonómicas sin que haya existido «una negociación efectiva» sobre el contenido del plan ni sobre las condiciones de financiación. En el caso de Madrid, han apuntado desde el Gobierno de Díaz Ayuso, la aportación exigida se quintuplica respecto al anterior programa estatal. Asimismo, denuncia la falta de diálogo institucional durante la elaboración del texto y critica que la versión definitiva fuera aprobada por el Consejo de Ministros «sin haber sido previamente consensuada con los gobiernos regionales».
A su juicio, «esta forma de proceder dificulta la planificación de las actuaciones y retrasa la puesta en marcha de medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda».
Otro de los aspectos cuestionados es la obligación de establecer un régimen de protección permanente para determinadas viviendas beneficiarias de ayudas públicas, una exigencia que el Ejecutivo madrileño considera que «excede las competencias estatales, tal y como ya ha señalado el Tribunal Constitucional, y podría obligar a modificar marcos normativos ya consolidados, generando inseguridad jurídica y retrasando la ejecución de los programas previstos». Además, el recurso sostiene que el Plan Estatal de Vivienda reduce la capacidad de adaptación de las políticas públicas a las necesidades específicas de cada región al «imponer programas homogéneos y criterios uniformes para todo el país».
Por ello, defiende que los gobiernos autonómicos «deben disponer de margen suficiente para priorizar aquellas actuaciones que mejor respondan a su realidad social, económica y demográfica».
Igualmente rechaza que la transferencia de fondos estatales quede condicionada al cumplimiento de determinadas obligaciones relacionadas con la publicidad institucional, el intercambio de información administrativa o la organización de actos públicos. En este sentido, considera que estos requisitos son «ajenos» a la finalidad del plan y pueden suponer «una utilización partidista» de recursos destinados a las políticas de vivienda.
Por último, el Ejecutivo autonómico recuerda que presentó alegaciones durante la tramitación del Plan Estatal de Vivienda que no fueron incorporadas al texto definitivo y lamenta que el Gobierno central haya optado por «un modelo basado en la imposición de condiciones en lugar de la cooperación institucional».
