Y ese termómetro lleva dieciocho meses consecutivos apuntando en la misma dirección: menos industria. Los datos son preocupantes. El consumo industrial de gas acumula una caída del -26,1% respecto al promedio del periodo 2018-2021, y continúa descendiendo mes tras mes. Solo desde enero de 2026 la reducción alcanza ya el 4,5% respecto a 2025.
Algunos siguen atribuyendo este fenómeno a la eficiencia energética, a la electrificación o a los avances tecnológicos. Ojalá fuera así. La realidad es mucho más sencilla, se está produciendo menos.
A esta situación se ha sumado la crisis en Oriente Medio. En apenas cien días, el incremento de los precios internacionales del gas ha supuesto un sobrecoste adicional de 441 millones de euros para la industria española. Mientras tanto, los datos de Aduanas muestran que el precio medio de importación fue de 30,86 €/MWh frente a los 51,73 €/MWh registrados en los hubs europeos. La diferencia se llama «coste de oportunidad». El resultado es que una parte de la cadena captura rentas derivadas de la tensión geopolítica mientras la industria vuelve a pagar la factura.
Más costes no son la solución
La industria española atraviesa un momento delicado. Europa debate cómo recuperar competitividad, atraer inversión y reforzar su base industrial. España, en cambio, parece empeñada en seguir añadiendo costes a quienes todavía producen.
Las medidas de mayor impacto económico incluidas en el Real Decreto-ley 7/2026 avanzan precisamente en esa dirección. La extensión del Fondo Nacional de Eficiencia Energética a los consumidores directos en mercado y las futuras cuotas obligatorias de biometano incrementarán los costes soportados por la industria gasintensiva en un momento especialmente complicado. El argumento utilizado para justificar estas cuotas es conocido: independencia energética. Sin embargo, conviene ser prudentes con las promesas. Durante la crisis provocada por la invasión de Ucrania apenas dependíamos del gas ruso y sufrimos exactamente la misma explosión de precios que el resto de Europa. Hoy ocurre algo parecido: apenas dependemos de Catar y los precios vuelven a dispararse. La razón es sencilla. El precio del gas no lo determina el origen de una pequeña parte del suministro, sino mercados internacionales integrados.
Por eso, resulta legítimo preguntarse si obligar a consumir una molécula que cuesta dos o tres veces más que el gas natural va a solucionar realmente el problema que se pretende resolver.
Un potencial no es una oferta
Las cuotas se justifican sobre la base de un potencial teórico de 163 TWh anuales. Sin embargo, un potencial no es una oferta. Entre ese potencial y el biometano que realmente llegará al mercado hay permisos, financiación, oposición social, decisiones de inversión y años de desarrollo. Parte tendrá usos alternativos como los combustibles renovables, y parte se utilizará como biogás para autoconsumo sin llegar a convertirse en biometano. No todos los proyectos anunciados llegarán a construirse. Y no toda la producción estará acreditada con GdO.
Lo importante no es saber cuánto potencial existe, sino cuánto biometano habrá realmente disponible para cumplir las cuotas.
Además, la industria ya está avanzando en su proceso de descarbonización sin necesidad de obligaciones de consumo. Los datos del sistema de Garantías de Origen muestran que la inmensa mayoría de las garantías emitidas son de biogás para autoconsumo, lo que demuestra que, cuando existen soluciones técnica y económicamente viables, las empresas las adoptan de forma natural.
El problema no es la descarbonización. El problema es obligar a consumir biometano dentro de un mercado todavía pequeño, con poca liquidez, oferta limitada y requisitos adicionales que pueden restringir aún más el producto disponible. Crear demanda es fácil, basta con aprobar un Real Decreto. Crear oferta lleva años, y cuando se obliga a comprar una molécula escasa dentro de un mercado poco líquido, el resultado no suele ser más competencia, suele ser más rentabilidad para quien vende y más costes para quien compra.
A ello se suma otra cuestión que sigue sin resolverse: la calidad del gas. El Ministerio, Enagás y el sector continúan trabajando para definir cómo proteger a los consumidores industriales más sensibles frente a posibles variaciones en la composición del gas. Resulta difícil entender que se aceleren las obligaciones de consumo cuando algunas de estas cuestiones siguen abiertas.
La transición energética es necesaria, pero debe construirse sobre oferta real, costes transparentes y mercados competitivos, no sobre estimaciones teóricas de potencial ni sobre obligaciones cuyo impacto económico sigue sin haberse cuantificado adecuadamente.
Por todo esto, es prioritario eximir a los consumidores gasintensivos de aquellas cargas regulatorias que comprometan su competitividad, revisar el diseño de las futuras obligaciones de consumo de biometano y avanzar en la aprobación de un Estatuto del Consumidor Gasintensivo que permita compatibilizar la transición energética con la preservación de la actividad industrial.
Europa debate hoy cómo recuperar su base industrial. España debe decidir si quiere formar parte de esa estrategia o seguir trasladando nuevos costes a quienes producen. Cuando una fábrica cierra, el consumo desaparece para siempre, y entonces corremos el riesgo de confundir desindustrialización con descarbonización
