En un incidente de nulidad su defensa asegura que el procedimiento que instruye el juez de la Audiencia Nacional Calama ha lesionado su derecho «a un proceso justo con todas las garantías, el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y el derecho a la presunción de inocencia». La semana pasada, el magistrado ya declinó la solicitud del acusado de reclamar a Estados Unidos más información sobre el origen, la obtención y la cadena de custodia del contenido del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, determinante para su imputación.
La petición de Zapatero se produce solo un día después de que se publicaran sus agentes y el contenido de sus comunicaciones con su secretaria, Gertrudis Alcázar. Sus dispositivos fueron incautados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional durante el registro del despacho del expresidente del Gobierno en la madrileña calle de Ferraz el pasado 19 de mayo. Este mismo jueves, Calama ha emitido un auto en el que acuerda investigar la filtración de los mensajes.
El letrado de Zapatero sostiene que «la nulidad de actuaciones tiene origen en la propia génesis» de la investigación» y «germina en actuaciones policiales» y de la Fiscalía y «arrastra» el resto del procedimiento. En su opinión, a este se ha incorporado una «prueba ilícitamente analizada vulnerando el derecho a la intimidad, a la protección de datos y al secreto de las comunicaciones de terceros con transcendencia para mi representado».
Zapatero solicita que se excluyan del proceso las evidencias obtenidas en «todas las entradas y registros» acordadas tanto por el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que empezó a investigar el caso, como por la Audiencia Nacional. La defensa del expresidente del Gobierno considera que el procedimiento «parte de unos análisis de conversaciones privadas no autorizados» y apunta a «maniobras dirigidas a conducir el proceso hacia los órganos judiciales de mayor conveniencia, soslayando al juez ordinario legalmente competente».
«La denuncia interpuesta en noviembre de 2025 se ancla y construye a partir de la lectura de whatsapp privados, y es ese análisis el factor diferenciador con la denuncia presentada en octubre de 2024, pues precisamente eso es lo que se hizo en las diligencias de investigación de Fiscalía. La segunda denuncia, además de contener un relato completamente diferente al de octubre de 2024, se dirige a otras personas: Rodolfo Reyes, Julio Martínez Martínez, María Aurora López (esposa de Reyes), Julio Martínez Sola (presidente de Plus Ultra), Roberto Roselli. Lo que sucede en el ínterin es la lectura de esos chats», se queja Moreno Catena.
El nombre de Rodolfo Reyes aparece en numerosas ocasiones en el sumario de la causa en la que está investigado al expresidente del Gobierno. Especialmente, en lo relativo a las gestiones que los directivos de la aerolínea habrían realizado para lograr el rescate de 53 millones de euros, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2021. Suya es la frase: «Si bro. Nuestro pana Zapatero detrás».
Calama ya solicitó hace dos semanas a Estados Unidos autorización para utilizar como prueba en el proceso penal que sigue contra Zapatero el contenido extraído de los teléfonos móviles de Reyes, contra el que pesa una orden de arresto internacional. La intención es evitar que se puedan anular pruebas clave, estrategia de defensa que bajara la defensa del expresidente del Gobierno tras ser imputado el pasado 19 de mayo.
El magistrado sostiene que la información facilitada por las autoridades norteamericanas «puede servir como fuente de investigación, pero su eficacia como medio de prueba en el proceso penal requiere su adecuada incorporación a las actuaciones». Por eso, el pasado 9 de junio libró una comisión rogatoria, que debe ser remitida a través de la subdirección de Cooperación Jurídica Internacional, organismo dependiente del Ministerio de Justicia que dirige Félix Bolaños.
El instructor del caso Plus Ultra atribuye a Zapatero el liderazgo de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» cuya finalidad «es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra». Calama cifra entre dos y cuatro millones de euros las comisiones que cobró el entorno del expresidente del Gobierno, que habría pedido a su presunto testaferro Julio Martínez Martínez crear sociedades offshore para ocultar las transacciones.
