Así lo ha notificado el Consejo de Administración de la firma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes a través de un comunicado.
La empresa justifica la solicitud «por las tensiones de tesorería» que ha sufrido en los últimos meses «y que se han agudizado debido a la paralización de la actividad en su planta de Amurrio (Álava). La compañía se había visto fuertemente golpeada por los aranceles de Estados Unidos, país donde concentra el 50% de su negocio.
«A pesar de haber trabajado recientemente en un plan de viabilidad para promover la continuidad del grupo, no ha sido posible garantizar las premisas necesarias para su ejecución», agrega el comunicado. «La solicitud de concurso, adoptada tras recabar asesoramiento externo, tiene como finalidad declarada la protección de los intereses de acreedores, trabajadores, proveedores y accionistas de la sociedad y sus empresas dependientes», añade. El grupo había cerrado el año 2025 con un Ebidta -volumen de negocio antes de impuestos, deudas y depreciación de activos- de casi 23 millones de euros en números rojos pese a haber aumentado su facturación hasta 365,7 millones de euros el año pasado.
La sociedad acumula una deuda de 263 millones de euros, de los cuales una parte importante tiene como acreedor a la hacienda pública a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el brazo inversor del Estado. La SEPI rescató a la compañía en 2021 con 150 millones de euros tras desplomarse un 80% su producción por el shock económico causado por la pandemia.
