Esta compañía, concretamente, suministró «información relativa a regulación» durante el proceso de desarrollo del software de la cátedra que se analiza si se apropió indebidamente la mujer del presidente del Gobierno. Los agentes detallaron en su último informe entregado al instructor del «caso Begoña Gómez» que no han hallado «información» del «valor» económico de los trabajos que Lefebvre hizo para la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) durante casi dos meses, entre el 14 de diciembre de 2022 y el 12 de febrero de 2023.
La UCO enmarca el papel de la empresa en la construcción del programa informático dentro del grupo de «terceros» que «de una manera más acotada» se encargaron del «desarrollo de cuestiones complementarias».
Los investigadores reflejan que han podido saber de la implicación de Lefebvre a través de una conversación mantenida por la cónyuge del jefe del Ejecutivo y su asesora en Moncloa a través de correo electrónico con personal de Making Science, una de las principales creadoras de la plataforma tecnológica. En esa cadena de «mails» aparecen también trabajadores de Lefebvre y en ella se abordaban «códigos de sectores necesarios» para el desarrollo del software, tras una reunión mantenida en enero del año 2023. Un mes después, en febrero de ese año, una empleada de Deloitte preguntó a esta empresa «acerca del fichero relativo a la normativa, encontrándose en copia miembros de las entidades colaboradoras, entre ellos la pareja del líder del PSOE; la que era coordinadora de la cátedra, Blanca de Juan y la asistente de Presidencia del Gobierno, Cristina Álvarez. Se obtiene respuesta de Lefebvre al día siguiente y, en consecuencia, se convocó una reunión para el 14 de febrero de 2023 «encontrándose entre los destinatarios Gómez, De Juan y Álvarez por parte de la cátedra».
En definitiva, a partir de las comunicaciones investigadas por parte de la Policía Judicial del Instituto Armado se identificó la «participación personal» como interlocutores de dos trabajadores de Lefebvre. En base a otra comunicación, de 26 de mayo de 2023, que versa ba sobre «pruebas funcionales», queda constancia de que esta compañía ya habría emitido su reporte previamente. «La línea 223 indica una incidencia relativa a las regulaciones que tampoco puede ser considerada back, puesto que tiene que ver con los datos enviados por Lefebvre».
Esta participación en el mencionado proyecto de la cátedra de la esposa del presidente se habría llevado a cabo por parte de la mercantil sin dejar rastro. Ya que, la empresa, informó al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid de que no encontró en sus registros administrativos o contables alguna factura emitida o recibida en relación a los servicios prestados a la cátedra extraordinaria de TSC. El juez Peinado había requerido esta información como una de las últimas diligencias a practicar en el fin de la fase de instrucción.
Más allá de la contribución económica al desarrollo del software que ahora se analiza si se apropió Begoña Gómez, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) invirtió otros 20.000 euros en dos años para hacer frente a otros gastos de la actividad de la cátedra extraordinaria que ella codirigía. Así lo ha puesto de relieve el proceso de fiscalización que está llevando a cabo, desde hace más de un año, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre todos los contratos públicos que se aprobaron por parte de la cátedra extraordinaria que la mujer del presidente del Gobierno codirigía en la UCM.
Este órgano autonómico ha pedido al juez Peinado en un escrito, que, «con la finalidad de no interferir en las actuaciones de la instrucción de los procesos judiciales en curso», identificase «los contratos que están afectados por el secreto de las actuaciones sumariales» en curso. El instructor del caso que afecta a la esposa de Pedro Sánchez ya ha contestado en una providencia a la Cámara de Cuentas madrileña: en esta causa «no existe secreto en las actuaciones».
Paralelamente, el ente regional ha querido que el magistrado tenga en cuenta en el sumario del «caso Begoña Gómez» los escritos que recibió de la Intervención de la UCM. El traspaso de información al magistrado va firmado por la vicepresidenta del organismo independiente, Ana Cossío Capdevila. Más allá de las tres adjudicaciones que están bajo escrutinio del juez Peinado vinculadas al software, la Complutense confirmó que se firmaron más contratos públicos en el seno de la cátedra de la mujer de Pedro Sánchez durante los años en que existió.
En 2021, se impulsaron un total de cuatro contrataciones. Una primera por la que se pagaron casi 5.000 euros a Alabra Comunicación SL (antes Planner Media SL) en el marco de un acuerdo menor para que facilitase «servicios de soporte onboarding» para el encuentro «El papel de las empresas para reducir la brecha». Se pagó también más de 900 euros al Círculo de Bellas Artes para la emisión de un streaming de este mismo evento, incluyéndose servicios como un «micrófono inalámbrico, técnico de sonido y cámara».
El tercer contrato que figura también fue para Alabra Comunicación y en relación a este acto, pero para «la creación, grabación y edición profesional de 15 vídeos». Se le pagaron otros 3.785 euros. Ese año Alabra Comunicación se convirtió en el principal prestador de servicios para la cátedra, dado que se le encargó el «desarrollo y creación de campaña de comunicación y visibilidad en Linkedin», a cambio de una factura de 4.235 euros. De todos los mencionados, únicamente este último contrato fue fiscalizado y catalogado como «favorable».
A lo largo del siguiente año, en 2022, se impulsaron otras cuatro licitaciones. Se contó con Focus Events SA para «servicios de asistencia técnica y alquiler de material» por un importe de 4.018 euros. Por otro lado, el grupo Securitas recibió 133 euros de fondos de la universidad para dar «seguridad en las instalaciones de Caixaforum» durante el acto de la cátedra de Gómez.
Y Bordados Trebor SL fue elegida para suministrar «material de promoción para actividades a realizar por la cátedra», tales como «mascarillas con logo» y se le transfirieron 151 euros desde el centro público universitario.
Por último, la consultora Atrevia fue adjudicataria de un contrato menor, de 1.815 euros, a fin de que asumiese la «divulgación y difusión del II Congreso de la Cátedra Extraordinaria TSC». Este expediente sí que fue seleccionado por el muestreo ejecutado por el sistema informático Genesis para su fiscalización, que fue favorable. Por otro lado, esta transferencia de información desde la Complutense a la Cámara de Cuentas de Madrid ha revelado que también se satisfizo con 3.025 euros la creación del logo y la identidad de marca de la plataforma, que acabó registrándose a su nombre Gómez como la titular de los derechos de propiedad intelectual ante la Oficina de Patentes y Marcas, así como otros servicios de «copy».
En su escrito de conclusiones, la UCM, que está personada en el procedimiento como perjudicada, solicita que Gómez le devuelva más de 113.000 euros, que es la cuantía en la que cifra en supuesto daño patrimonial por la apropiación indebida del software.
