Los auditores de la UE advierten de irregularidades en la aplicación de este instrumento, y apuntan a los retrasos que acarrea la entrega de fondos Next Generation, una reprimenda que afecta directamente a España, con una demora de casi un año desde el plazo planteado inicialmente. Además, señalan que persiste la falta de transparencia y la dificultad para detectar quiénes son los beneficiarios de la financiación, lo que supone un riesgo de que se abonen fondos sin que España, junto a otros Estados miembro también señalados, completen las medidas correspondientes.
La advertencia de los auditores supone un aldabonazo para España, no solo por los retrasos en los desembolsos, sino también porque las plataformas digitales que puso en marcha en los últimos años para hacer seguimiento de la ejecución no satisfacen a los auditores. El quinto pago, aún con ciertas modificaciones para incluir hitos y objetivos del sexto séptimo y octavo desembolso, todavía fue solicitado a Bruselas a finales de 2024. El veredicto de la Comisión Europea, no obstante, está pendiente.
Lo que generó el primer retraso fue la reforma del subsidio por desempleo. Con el cuarto pago solicitado a finales del 2023, al filo de los plazos pactados, las subsiguientes prórrogas de la Comisión Europea concedieron a España un poco de aire para sacar la medida adelante. Al tiempo obligaron al Gobierno a apurar los tiempos. El cuarto pago se aprobaba en junio y el quinto pago se solicitaba en diciembre del pasado ejercicio.
No obstante, a fecha de mayo de este año, la Comisión Europea todavía no se ha pronunciado y el Ejecutivo de Sánchez se ha resignado a no llegar a cumplir uno de los objetivos, el de la reforma del impuesto al diésel ante la falta de apoyos en el Congreso. Precisamente, uno de los puntos que ha retrasado el reclamo del quinto pago fue la reforma fiscal. En junio del pasado año el Gobierno de Sánchez la daba por completada y Bruselas le avisaba de que no cumplía con sus estándares. Las tensiones en la política española para aprobar las medidas comprometidas con la Comisión Europea dilataron finalmente su petición.
Agosto de 2026 es la fecha límite para que los Gobiernos pidan los tramos del Plan de Recuperación. España tiene mucho camino por recorrer tanto respecto a los fondos como a los préstamos, si bien sobre los segundos lo que se había pactado era un calendario orientativo.
Aunque la ejecución del plan de Recuperación está avanzando, se enfrenta a retrasos, lo que pone en peligro la consecución de sus objetivos. De hecho, aún queda por finalizar la mayor parte de las medidas, que habrán de completarse a más tardar en agosto de 2026. Al mismo tiempo, el desembolso de fondos de la UE a los presupuestos nacionales no significa que el dinero hayan llegado a los perceptores finales ni a la economía real.
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas advierte de que no hay una buena correlación entre los hitos y objetivos cumplidos y los fondos desembolsados. Lo que podría abocar a irregularidades. En un encuentro con la prensa, la miembro del Tribunal de Cuentas de la UE Ivana Maletic ha explicado en un encuentro ante la prensa que «aunque se han desembolsado el 42 % de los fondos, solo se ha cumplido satisfactoriamente el 28 % de los hitos y objetivos a finales de 2024». En consecuencia, el 72% de los hitos y objetivos aún deben completarse antes de agosto de 2026, plazo límite para pedir fondos. Por tanto,, el desembolso de fondos no es necesariamente proporcional a los hitos y objetivos alcanzados.
El informe publicado por los auditores europeos manda varias advertencias en lo relativo al rendimiento, la rendición de cuentas y la transparencia del Plan de Recuperación. Considera que no se trata de un instrumento basado en el rendimiento, no hay información sobre los costes reales, no está clara la relación entre el coste y las prestaciones, no hay una visión completa de quiénes son los destinatarios finales de la financiación, las condiciones de pagos no han sido claramente definidas y hay riesgo de solapamiento con otros fondos comunitarios.
En este sentido advierte de que la eficiencia del gasto y la relación entre los costes y las prestaciones no pueden medirse, ya que la Comisión Europea no recopila datos sobre los costes reales y la información sobre los resultados es escasa.
El informe de los auditores avisa de la falta de transparencia y trazabilidad respecto a los receptores de fondos europeos. Existe poca información sobre quienes son los destinatarios finales. Además, no hay garantías suficientes de que los sistemas de control protejan adecuadamente los intereses financieros de la UE. Y es que la recuperación de fondos solo es posible en casos específicos, las medidas no siempre abordan los retos principales, la financiación no siempre es proporcionales a los avances y las operaciones de préstamo implican riesgos.
Por otro lado, el Ejecutivo de la UE no puede imponer correcciones financieras como la recuperación de fondos por infracciones individuales de las normas de contratación pública, excepto en casos de irregularidades graves, como el fraude. Esto significa que la Comisión puede efectuar los pagos en su totalidad aun cuando se hayan producido irregularidades en la contratación pública, siempre que se hayan alcanzado los hitos y objetivos acordados, avisa el informe.
Debido a la forma en que se han fijado los hitos y objetivos, algunos países de la UE reciben fondos considerables antes de haber completado los proyectos. Esto supone un riesgo para los intereses financieros de la UE, ya que los países podrían acabar quedándose el dinero sin completar proyectos.
