El llamado Sindicato de Inquilinos ha conseguido una influencia política y mediática extraordinariamente superior a su dimensión real. Con poco más de 4.000 afiliados, aspira a marcar el rumbo de la política de vivienda de un país de casi 49 millones de habitantes. La pregunta es inevitable: ¿en nombre de quién habla realmente?
El problema no es que reivindique sus posiciones, sino que pretenda convertirlas en mandato político para todos. Sus propuestas más radicales, desde la intervención creciente del mercado hasta la limitación de derechos de los propietarios, son presentadas con frecuencia como si respondieran a una demanda social mayoritaria. Sin embargo, representan la visión de una minoría organizada, no la de la sociedad española.
La democracia exige algo más que capacidad de movilización o presencia en los medios. Exige representatividad. Y la representatividad no se mide por el número de manifestaciones convocadas ni por la atención que un Gobierno esté dispuesto a conceder a un grupo de presión, sino por el respaldo social real del que disponga.
Resulta preocupante que un Ejecutivo pueda verse empujado a legislar al dictado de organizaciones cuya implantación es marginal en comparación con la magnitud de las medidas que reclaman. Porque las consecuencias de esas decisiones no recaen sobre 4.000 afiliados, sino sobre millones de inquilinos, propietarios, ahorradores, promotores y familias que dependen del mercado de la vivienda.
Más aún, existe una evidente contradicción entre reclamar una mayor democratización del acceso a la vivienda y, al mismo tiempo, defender que una minoría activista imponga sus preferencias al resto de la sociedad. Una cosa es participar en el debate público; otra muy distinta es monopolizarlo.
España tiene un problema de vivienda, pero no por exceso de propietarios o de inversores. Lo tiene por falta de oferta, inseguridad jurídica y años de políticas ineficaces. Pretender resolver esa crisis mediante consignas ideológicas y presión callejera no solo es una simplificación irresponsable, sino una receta que puede agravar el problema.
En una democracia madura, las leyes no deberían escribirse para satisfacer a los colectivos más ruidosos, sino para servir al interés general. Y cuando una organización que representa a una fracción ínfima de la población pretende dictar las reglas para todos, la cuestión ya no es la vivienda. La cuestión es si estamos confundiendo activismo con legitimidad democrática.
