Tras años de intervenciones, controles, amenazas regulatorias y anuncios grandilocuentes, los resultados son devastadores: los alquileres siguen disparados, el acceso a la vivienda es cada vez más difícil, los jóvenes retrasan su emancipación y la oferta no deja de reducirse. El diagnóstico es evidente. Sin embargo, el Gobierno vuelve a responder con la misma receta que ha agravado la enfermedad.
La nueva batería de medidas pretende transmitir la sensación de acción, pero no ataca el núcleo del problema: en España faltan viviendas. Y mientras sigan faltando, los precios seguirán subiendo. Es una realidad económica tan simple como incontestable.
Lo más preocupante es que las señales del mercado son cada vez más alarmantes. Miles de viviendas están abandonando el alquiler para pasar a la venta. Los inversores reducen su exposición al sector. Los promotores denuncian inseguridad jurídica y trabas burocráticas. Y los pequeños propietarios, lejos de sentirse incentivados, perciben un entorno cada vez más hostil.
El Ejecutivo parece haber confundido gobernar con intervenir. Pero intervenir no es solucionar. Decretar no es construir. Limitar no es crear oferta. Y convertir a propietarios e inversores en sospechosos permanentes no genera ni una sola vivienda adicional.
La vivienda necesita más construcción, más seguridad jurídica, más suelo y más inversión. Necesita políticas que multipliquen la oferta, no normas que la ahuyenten. Todo lo demás son medidas cosméticas destinadas a ganar tiempo y titulares.
El drama es que el precio de estos errores no lo pagan los políticos que los aprueban. Lo pagan los jóvenes que no pueden independizarse, las familias que destinan una parte creciente de su salario al alquiler y las empresas que encuentran cada vez más difícil atraer trabajadores a las grandes ciudades.
Si después de años de intervención el resultado es menos oferta, precios más altos y una crisis de acceso sin precedentes, la conclusión es difícil de evitar: el Gobierno no ha resuelto el problema de la vivienda. Lo ha empeorado. Y este nuevo decreto corre el riesgo de convertirse en otro capítulo de una larga sucesión de decisiones que generan mucho ruido político, pero muy pocas viviendas.
Porque la realidad es tozuda: ningún país ha solucionado una crisis de vivienda construyendo menos, espantando inversión y regulando más. España tampoco será la excepción. Y cuanto más tarde el Gobierno en asumirlo, mayor será la factura económica y social para toda una generación.
