Hoy no manda la agenda legislativa ni el debate democrático, sino los autos judiciales, las imputaciones y los calendarios de los jueces. El país vive pendiente del próximo sumario, y eso no es un síntoma de fortaleza institucional, sino de fracaso político.
El Gobierno tiene una responsabilidad central en esta anomalía. Incapaz de construir consensos estables y de sostener una agenda propia, ha acabado atrapado en un bucle defensivo marcado por el goteo constante de causas judiciales. Cada escándalo, cada investigación, cada imputación desplaza cualquier iniciativa política relevante. No gobierna quien propone, sino quien resiste.
No es casualidad. La judicialización ha sido asumida como un terreno más de la confrontación, pero también como un refugio. Cuando la política renuncia al acuerdo y se instala en la polarización, los conflictos acaban inevitablemente en manos de los jueces. Y cuando el poder ejecutivo responde cuestionando o instrumentalizando esas decisiones, el daño institucional se multiplica.
Los datos y análisis recientes apuntan precisamente a ese deterioro: los tribunales están marcando el ritmo de la política española, mientras el Ejecutivo lucha por contener el desgaste que provocan las causas que afectan a su entorno. Al mismo tiempo, crece la preocupación por la erosión de la separación de poderes y por la percepción de interferencia política en la Justicia.
El resultado es un círculo vicioso del que nadie sale indemne. La oposición ha encontrado en los tribunales una herramienta privilegiada de desgaste, pero es el Gobierno quien ha permitido que ese escenario se consolide, incapaz de recuperar la iniciativa política y de restablecer la confianza institucional. Mientras tanto, la Justicia queda atrapada en medio, sometida a una presión que amenaza su credibilidad.
Lo más grave es que esta dinámica desplaza la rendición de cuentas democrática. En lugar de resolverse en las urnas o en el Parlamento, las responsabilidades políticas se diluyen en procesos largos y complejos, donde el tiempo juega a favor de todos y en contra de la transparencia.
España corre el riesgo de normalizar una anomalía: que la política se dirima en los juzgados. Y cuando eso ocurre, no es que la Justicia haya invadido la política; es que la política ha abdicado de su función.
El país necesita algo más que sentencias: necesita un Gobierno capaz de gobernar.
