Como se recuerda, Junts aseveró que no apoyaría la permanencia del impuesto si esto perjudicaba una inversión de 1.100 millones de euros en Tarragona, y los nacionalistas vascos han informado que el gravamen a energéticas finalmente decaerá «por factores ajenos» a su formación, ya que el PNV estaba dispuesto a aceptar su continuidad si se transformaba en un impuesto que fuera concertado en Euskadi y Navarra.
Los nacionalistas celebran que a través de enmiendas pactadas al proyecto de ley han logrado la concertación con capacidad normativa del nuevo tributo global y el de la banca, que serán así regulados por las haciendas forales. Asimismo, los vascos han acordado medidas normativas para «atajar el fraude del IVA en los hidrocarburos».
Enfrente de la decisión de tumbar el impuesto están aliados parlamentarios del Gobierno como Bildu, Esquerra Republicana (ERC), y el socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, que han introducido enmiendas para convertir en permanente el impuesto tal como está concedido ahora a tenor de los beneficios que empresas energéticas y financieras han registrado en sus últimos ejercicios.
En concreto, Sumar quiere transformar los gravámenes temporales a la banca y las energéticas en impuestos permanentes, pues ya consigue recaudar 2.900 millones de euros al año en dos sectores «que tienen beneficios extraordinarios».
Por su parte, ERC y Bildu proponen la permanencia de sendos tributos y un aumento en el tipo impositivo «a la vista de los beneficios récordos anunciados en los últimos meses tanto por la banca como por las empresas energéticas». La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Díaz, ya aseveró que hacer permanente el impuesto a energéticas «es obligatorio» para reequilibrar la balanza fiscal, mientras que el portavoz de ERC en el Congreso, Rufián, defendía mantener el tributo a empresas como Repsol, que asegura que emite el 62% del dióxido de carbono (CO2) en el Ibex35.
