El paquete de medidas incluía actuaciones con impacto directo sobre propietarios, inquilinos e inversores, desde la prórroga de determinados contratos de alquiler hasta cambios fiscales para las viviendas turísticas y bonificaciones para arrendadores.
Más allá del contenido del decreto, el retraso reabre el debate sobre cómo la falta de estabilidad normativa afecta al sector inmobiliario. En un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda, la escasez de oferta y las dificultades de acceso a la financiación, la ausencia de un marco regulatorio claro puede llevar a que compradores, propietarios e inversores pospongan decisiones relevantes, afectando al dinamismo del mercado y a la confianza de los agentes implicados.
Es mas para algunos expertos «el aplazamiento del decreto prolonga una situación de incertidumbre que afecta directamente a la confianza de compradores, propietarios e inversores. Cuando no existe claridad sobre las reglas del juego, muchas decisiones de compra, alquiler o inversión tienden a retrasarse.»
