Entre los querellados figuran representantes del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, de la Coordinadora Juvenil Socialista y miembros de la organización de la acampada, además de aquellas personas que puedan ser identificadas durante la investigación como responsables de la convocatoria.
La formación de Santiago Abascal sostiene que la concentración no habría cumplido los requisitos legales de comunicación previa exigidos para reuniones en espacios públicos. También cita informaciones sobre la presencia de objetos peligrosos en el campamento, daños en elementos patrimoniales, altercados con la Policía, amenazas, pintadas e incidentes con periodistas.
La querella recoge, además, las quejas de comerciantes y hosteleros de la zona, que denuncian pérdidas de clientela, cancelaciones, suciedad y molestias derivadas de la acampada.
Vox considera que el derecho de reunión no puede amparar una ocupación indefinida del espacio público ni actuaciones que, a su juicio, dificulten la circulación, perjudiquen a los negocios, deterioren el patrimonio o entorpezcan el trabajo de los medios de comunicación.
