Por ejemplo, el Gobierno conserva el control del gestor de los aeropuertos públicos de España y Aena se ha reforzado como el primer operador aeroportuario del mundo con una estrategia decidida por la internacionalización.
En el terreno de las infraestructuras de transporte, el Estado, o las Comunidades Autónomas y entes locales, según el caso, también mantienen el control sobre las redes de carreteras. Más aún, desde 2018 el Gobierno Sánchez ha reforzado aún más su dominio. Así, por un lado, aquel año, la empresa pública Seitt asumió la gestión de las nueve autopistas de peaje (las radiales de Madrid, entre otras) que habían quebrado y que hasta entonces habían sido explotadas por operadores privados. Y, por otro, el Ejecutivo apostó por revertir los contratos de las autopistas de peaje que finalizaban su concesión con entidades privadas, habiendo pasado hasta la fecha varios tramos de la AP-1, la AP-7 o la AP-4.
En el ámbito ferroviario, el Estado es el titular de la red convencional y de alta velocidad a través de las sociedades Adif y Adif Alta Velocidad. Una condición que le permite fijar los cánones que cobra a los operadores por el uso de las infraestructuras. Hasta 2020, la explotación de los servicios de transporte ferroviario de viajeros era exclusividad de la empresa estatal Renfe.
Aquel año se concretó la liberalización con la firma de acuerdos marco con los dos operadores seleccionados por el Gobierno para competir con el operador público: Ouigo, propiedad de la estatal francesa SNCF, e Ilsa (hoy Iryo), participada por la estatal italiana Trenitalia (en la actualidad ya tiene el control accionarial). Empezaron sus operaciones en España, respectivamente, en 2021 y 2022. El transporte ferroviario de viajeros siguió así al de mercancías, que había sido liberalizado en 2005. El año pasado, Renfe Mercancías llegó a un acuerdo con MSC para crear una sociedad conjunta al 50%.
Las sociedades públicas de transporte, Enaire, Adif, Adif AV y Renfe son también propietarias de Ineco, la empresa de ingeniería y consultoría especializada en el ámbito de la movilidad y la digitalización. Los tentáculos del Estado alcanzan otros servicios esenciales como el que realiza Correos, controlada al 100% por la Sepi. La entidad presidida por Saura emerge como uno de los mayores empleadores de España con más de 50.000 trabajadores. Se trata de una compañía que genera pérdidas millonarias año a año, al igual que ha ocurrido hasta ahora con Adif y Renfe.
Bajo el control de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales cuelgan otras compañías públicas con actividades de muy diversa índole. Paradores de Turismo de España, presidida por la exministra de Transportes, Raquel Sánchez, es uno de los mayores grupos hoteleros españoles con una red de que alcanza el centenar de establecimientos por toda la geografía española. También aparecen grupos industriales como Navantia (naviera), Enresa, Ensa y Enusa (energía), Tragsa, Saeca, Cetarsa y Mayasa (ambiental y agrario), Hunosa (minería) o Mercasa (distribución alimentaria).
En el ámbito de la defensa y el espacio, la Sepi participa en Hispasat y Epicom con posiciones directas, minoritarias e indirectas, a través de Redeia e Indra, respectivamente. Igualmente, la sociedad estatal controla RTVE y la Agencia Efe, entre otras.
El Gobierno también manda en la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), la empresa pública más rentable con unas ganancias de 2.188,7 millones de euros en 2023. Su privatización ha sido una posibilidad que se estudió en el pasado, aunque ningún gobierno dio el paso.
El Estado igualmente controla las Confederaciones Hidrográficas como organismos adscritos al Ministerio de Transición Ecológica. Asimismo, participa a través del FROB en la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el denominado banco malo que se quedó con activos, sobre todo inmobiliarios, de las entidades financieras nacionalizadas.
Ahora el Gobierno ha anunciado la creación de una empresa pública para construir y gestionar vivienda
