Fuentes conocedoras de la reunión señalan que en el encuentro las empresas trasladaron a Competencia la necesidad -en su opinión- de que en España se fije una TRF similar a las del resto de Europa. La distribuidoras también pidieron al regulador que atienda las orientaciones del Ministerio para la Transición Ecológica en las que señala que se establezcan las señales adecuadas para incentivar las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, en especial para atender la creciente demanda eléctrica vinculada a la movilidad libre de emisiones, la electrificación de la industria y el despliegue de los nuevos vectores energéticos, al mismo tiempo que se facilita la integración de energía renovable para dar cobertura a la nueva demanda que se espera. Es decir, Transición Ecológica parece estar de acuerdo con elevar la tasa con el fin de que resulte lo suficientemente atractiva para que las empresas sigan invirtiendo y se alcancen los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. No obstante, en ningún caso el Gobierno se ha pronunciado con una cifra concreta.
«En todo caso, el valor de retribución financiera ponderará de manera equilibrada la consecución de las inversiones necesarias para la transición energética con la contención de los costes soportados por los consumidores, de forma que la señal de precio para la electrificación no se vea penalizada», indica la Orden TED/1193/2024, de 30 de octubre, por la que se establecen orientaciones de política energética a CNMC en relación con la propuesta de modificación de la Circular 2/2019. El diferencial medio de las TRF actuales de los reguladores europeos con respecto al bono soberano a 10 años es de 500 puntos base, frente a 123 en España para 2026-2031. De este modo, según el sector, si se considera el diferencial medio implícito en las TRF actuales de los países vecinos se obtendría una tasa de alrededor del 8%.
Las compañías están usando las indicaciones del Ministerio para presionar a Competencia. Fuentes del sector advierten de que en un contexto global de necesidad de captación de inversiones, aquellos países con tasas de retribución superiores tendrán una posición privilegiada a la hora de atraer inversiones. También avisan de que España, si como parece que se pretende tuviera una tasa que esté alrededor del 6,5%, «perdería atractivo» respecto a otros socios europeos, como Italia, Noruega o Grecia, cuya TRF es del 8,9%, 8,2% y 6,7%, respectivamente. «El terreno de juego no es solo europeo, sino que España y las empresas compiten en un contexto global, por lo que países como Estados Unidos y su retorno a la inversión (8,5%), restarían atractivo a España a la hora de captar inversiones en redes», apuntan las mismas fuentes.
La metodología de cálculo que salga de la circular será también aplicable a las actividades del sector gasista en el periodo regulatorio 2027-2032, si bien la tasa se determinará en una circular posterior. En este sentido, el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, ha demandado una TRF que ronde el 7%. Por otro lado, en el encuentro también se trató la retribución correspondiente a 2021. Competencia plantea 5.255 millones de euros para las empresas titulares de instalaciones de distribución de energía eléctrica, aunque todavía queda conocer la resolución definitiva tras haber pasado ya el periodo de consulta pública y alegaciones.
El sector viene reclamando que el proceso de aprobación de las retribuciones -que reconocen las inversiones de dos años anteriores- se agilice con el fin de evitarles inseguridad jurídica e incertidumbre regulatoria. Competencia señala que, si bien es cierto que existe un retraso en la aprobación de las retribuciones, este se deriva, entre otras cuestiones, de la resolución de distintos recursos en el ámbito contencioso-administrativo en los últimos años. La CNMC ha abierto la puerta a fijar un mecanismo de retribución ‘ex-ante’ en función de los gastos previstos, estableciendo una recompensa (o penalización) por las eficiencias (o sobrecostes) conseguidas por las distribuidoras al finalizar el periodo regulatorio.
