El servicio público exige al Sindicato el reintegro de, al menos, 3,5 millones de euros tras una auditoría de la Intervención General del Estado (IGAE), que detectó irregularidades en el uso de la ayuda concedida, de acuerdo con la Sentencia nº 24/2025 a la que ha tenido acceso este periódico.
El origen del conflicto se remonta a hace más de una década. En noviembre de 2011, el Sepe aprobó una subvención de 8,5 millones de euros a favor de la entonces Federación Estatal de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO —hoy integrada en la Federación de Servicios— para ejecutar un plan de formación de ámbito estatal. Esta cantidad fue transferida íntegramente como anticipo el 22 de diciembre de ese mismo año.
Tras la rendición de cuentas y la justificación del gasto por parte de CCOO en agosto de 2012, la Fundación Estatal para la Formación en el empleo (FUNDAE) elevó al SEPE la propuesta de liquidación de la subvención concedida, que mediante una resolución, obligó al sindicato a la devolución parcial de algo más de 170.000 euros en 2016. El conflicto, sin embargo, no quedaría aquí.
En 2021, la Intervención General de la Administración del Estado inició un control financiero para verificar el cumplimiento de la Ley General de Subvenciones por parte del sindicato y, tras elevarlo al servicio público, éste dictaminó que CCOO debía reintegrar 3,57 millones de euros adicionales –la IGAE recomendó la devolución de 2,53 millones de euros, pero el SEPE añadió más de un millón en intereses–.
El servicio público justificó de hecho su decisión al haber detectado nuevos hallazgos de presuntas «irregularidades», especialmente relacionados con la subcontratación de la entidad IAFI.
Comisiones Obreras se opuso, sin embargo, al dictamen, alegando que la acción de la Administración para reclamar este segundo reintegro había prescrito, ya que habían transcurrido más de nueve años desde la justificación de la subvención -presentada en agosto de 2012– hasta la apertura del nuevo expediente de reintegro –notificado en febrero de 2021–. La Ley recoge de hecho en el artículo 39 que el plazo de prescripción es de 4 años.
El SEPE alegó, no obstante, a Abogacía del Estado, y siempre de acuerdo a la sentencia, que «aunque se haya iniciado el control financiero después de los cuatro años desde la presentación de la documentación justificativa, la acción del segundo procedimiento de reintegro es válida porque interrumpieron la prescripción los actos eficaces de la Administración tendentes a determinar causas de reintegro, como fueron el acuerdo de inicio del reintegro y la resolución de reintegro, ambas del primer procedimiento».
Es decir, que, a juicio de la Abogacía del Estado, no ha prescrito, porque dentro de esos cuatro años se inició otro procedimiento anterior y eso interrumpió el plazo de prescripción. De hecho, el servicio público argumentó que inició el primer procedimiento de reintegro el 20 de mayo de 2015, y lo notificó a CCOO el 26 de mayo de 2015.
Según la ley, cuando la Administración inicia un procedimiento de este tipo y lo notifica, eso interrumpe el plazo de prescripción –es decir, el contador de los 4 años se pone a cero–.
En cualquier caso, y tras años de litigio judicial por vía contencioso-administrativo, los tribunales le dieron en el pasado mes de febrero la razón al sindicato, al entender que, al tratarse de nuevas causas distintas de las tratadas en el primer procedimiento, no se interrumpió el plazo de prescripción de cuatro años contemplado en la Ley General de Subvenciones y, por tanto, el segundo procedimiento de reintegro se considera fuera de plazo.
La resolución, sin embargo, no es firme y el conflicto no queda aquí. El Ministerio, según ha podido saber este periódico, ha interpuesto un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional para recurrir la sentencia y reclamar a CCOO la parte de la subvención que, a su juicio, debe reintegrar.
