El Ejecutivo, en sus alegaciones a este informe, incluso miente al Consejo de Europa alegando que está en marcha una ley que no recoge, en principio, ningún avance en este sentido. Todo ello, para no revelar los bienes de la mujer del presidente, Begoña Gómez, imputada por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo laboral.
El Gobierno, que lleva años resistiéndose a cumplir con las medidas que requiere el Consejo de Europa, contesta al organismo anticorrupción del mismo deslizando que «considerará» el asunto cuando se apruebe la Ley de Gobierno Abierto, reforma que más allá de su anuncio, por parte del ministro Óscar López, no ha sido aprobada y en la que nunca se ha trasladado la intención de revelar los bienes de los cónyuges de los altos cargos políticos. Así, al menos, no lo ha expresado ningún cargo del Gobierno.
La norma anunciada por López, y que el Gobierno utiliza ahora para replicar al GRECO, pretende ampliar las obligaciones del Estado en materia de transparencia, en versión del Ejecutivo. El ministro avanzó, por ejemplo, que se obligará a la rendición de cuentas semestrales o se mejorarán los procedimientos de participación ciudadana. Hasta ahora, el Gobierno no ha mostrado la mínima intención de obligar a los cónyuges y otros familiares de altos cargos a revelar sus bienes.
Una de las 19 recomendaciones del Consejo de Europa incumplidas por el Ejecutivo, como se indica en el documento del GRECO, se refiere a las declaraciones de bienes de los cónyuges y familiares de los altos cargos políticos, como es el caso de Begoña Gómez. El organismo reitera su encargo sobre «ampliar el alcance de los requisitos de publicación de las declaraciones financieras» en pro de incluir información «detallada» sobre activos, intereses, empleo externo y pasivos. Asimismo, incluye una consideración sobre introducir «información sobre cónyuges y familiares a cargo».
El GRECO, organismo creado en 1989 para mejorar la capacidad de sus 47 países miembros en la lucha contra la corrupción entiende, según expone en el informe, que la mencionada información sobre familiares de altos cargos «no tendría que hacerse necesariamente pública» pero sí reclama conocerla, algo que el Gobierno de España no ha facilitado con respecto a la mujer de Pedro Sánchez.
Si bien deja un margen a las «actualizaciones» que se pudieran producir, el Grupo de Estados contra la Corrupción indica que la «Recomendación VIII» en la que se incluye la entrega de las declaraciones de bienes de familiares, está «parcialmente implementada». Ni ésta ni las otras 18 recomendaciones del Consejo Europeo se han cumplido al 100%, tal y como aparece indicado en el dossier publicado este 1 de agosto.
Por lo que respecta al aforamiento, el GRECO insta a la modificación de este «procedimiento especial» buscando que «no obstaculice el proceso de justicia penal en relación con los miembros del Gobierno sospechosos de haber cometido delitos relacionados con la corrupción».El grupo contra la corrupción indica en el dossier que la recomendación «no se implementó» en informes previos y que, en esta ocasión, el Gobierno «nuevamente» insiste en que el procedimiento de aforamiento «no exime de responsabilidad a las personas a las que se aplica, sino que únicamente garantiza que los asuntos se resuelvan ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo».
Cabe destacar que Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE de Extremadura, planteó una maniobra de aforamiento exprés tras ser procesado en el caso del hermano de Pedro Sánchez por su intervención en la contratación del mismo, y que José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes investigado en el Caso Koldo, no dejó su acta de diputado tras conocerse su implicación en la trama. En lo que respecta a esta recomendación, el GRECO observa en su informe la ausencia de «resultados tangibles en la aplicación de esta recomendación» y por ende concluye que la Recomendación X «sigue sin implementarse».
El GRECO incide además en su informe sobre España en que el Gobierno, hasta la fecha, no ha cumplido al completo con ninguna de las 19 recomendaciones enviadas en el marco de la lucha contra la corrupción. El grupo lamenta la desobediencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez, además de en la revelación de bienes o el aforamiento, también en la regulación de los asesores políticos o en lo referente a las normativas sobre los lobbies y las agencias relacionadas con altos cargos.
El organismo denuncia que el Gobierno incumple recomendaciones que comenzaron en el año 2019 en relación con materias legales y reglamentarias para evitar escándalos de corrupción. Desde el Consejo buscan el funcionamiento íntegro del Gobierno y por ello se insta a España a cumplir con el cometido lo antes posible, en pro de evitar escándalos de corrupción como el que ha llevado al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a la cárcel, y que salpica al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Si bien admite que el Gobierno de España ha dado algunos pasos en la materia, en lo referente al denominado Plan de Acción para la Democracia, desde el Consejo de Europa no se da por suficiente el avance. El plan incluye iniciativas como el acatamiento de estándares de idoneidad, obligación de buena reputación y de contar con la formación adecuada para el puesto.
