Unas diligencias que, según Juan Carlos Peinado, “difícilmente podrán completarse” antes del jueves 16 de octubre, fecha en la que expira el plazo de instrucción, según consta en el auto. Está pendiente un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los convenios de la Complutense relacionados con el máster de Transformación Social Competitiva que codirigió Gómez, así como los repositorios aportados por Minsait, Flat 101, Google, Devoteam y Telefónica.
También ha solicitado a la Escuela de Gobierno de la Complutense y a Amazon EU que remitan los correos electrónicos relacionados con los dominios del máster. Al igual que ha pedido a Presidencia del Gobierno que le informe sobre las personas que han desempeñado el cargo de Secretario General de Presidencia desde julio de 2018 con el fin de determinar quién ha autorizado los pagos de retribuciones de Cristina Álvarez. Además, no pasa por alto que aún está pendiente de recibir los correos electrónicos asociados a la cuenta de la esposa del presidente.
Asimismo, ha recordado que todavía está pendiente de resolver si acepta las diligencias o archivos que las partes formularon en las vistillas celebradas en las últimas semanas en las que Juan Carlos Peinado concretó a todos los imputados -Gómez, Álvarez, el Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín y el empresario Juan Carlos Barrabés- que los presuntos delitos de los que estaban acusados se enjuiciarían por jurado popular. Entre ellas, destaca la petición de que Pedro Sánchez declare como testigo.
Por otro lado, el juez también ha mencionado que ha recibido la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de que la investigación a Gómez debe realizarse en una pieza única. Cabe recordar que la Sección 23, que es la que se encarga de resolver los recursos contra las decisiones del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, tumbó su decisión de investigar el delito de malversación de forma independiente. En esta pieza separada se indagaba en si la asesora realizó funciones privadas para la esposa de Sánchez mientras era pagada con dinero público.
Los magistrados reprocharon a Peinado que el auto por el que acordó dicha decisión no contenía una descripción «mínima o sucinta de los hechos que deben conformar la pieza separada y los investigados concernidos». Ahora bien, aunque este anuló la apertura de la pieza separada, avaló investigar «la posible extralimitación de las funciones» del cargo de asistente de la mujer del presidente.
.
