El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente la demanda de Endesa contra el Gobierno y ha obligado a la Administración a abonarle 51 millones de euros por la construcción y conservación de la red entre 2017 y 2019, así como por penalizaciones por pérdidas correspondientes a 2016.
La resolución, no obstante, habría rechazado otros 47 millones reclamados por la compañía y no fija un plazo concreto para su ejecución, por lo que la Administración deberá rehacer los cálculos.